Sede del grupo Volkswagen en Wolfsburgo (Alemania)
Este lunes, el grupo Volkswagen ha recibido un revés legal que podría tener perjuicio económico: el coste del ‘dieselgate’ (más de 30.000 millones de euros) podría incrementarse, pues el Tribunal Federal de Justicia alemán ha reconocido el derecho de indemnización a un comprador afectado por el escándalo del software que manipulaba los datos de emisiones.
Esta sentencia individual podría sentar precedente para las más de 73.000 denuncias que hay pendientes, pues ha sido emitida por el más alto tribunal de justicia de Alemania. Eso sí, en el reconocimiento del derecho de indemnización se señala que el reembolso no será por el precio de compra, sino que se descontará el uso del vehículo (los kilómetros recorridos). Y todo ello en un contexto complicado: la crisis del coronavirus, que ya ha lastrado los resultados del primer trimestre y que ha provocado la retirada de sus previsiones de 2020.
El ‘dieselgate’ surgió en 2015, cuando Volkswagen admitió haber trucado 11 millones de vehículos para ocultar su nivel real de emisiones contaminantes. Un escándalo que ya le ha costado al grupo automovilístico alemán más de 30.000 millones (sobre todo, en EEUU) en gastos legales, multas e indemnizaciones. Hace unos meses, llegó a un acuerdo extrajudicial en su país, con la Asociación de Centrales de Consumidores para abonar 750 millones a 235.000 clientes. A estos se suman otros 9 millones como parte de un acuerdo con los tribunales, después de que el CEO, Herbert Diess, y el director del consejo de supervisión, Hans Dieter Pötsch, quedarán fuera de la investigación penal.
Eso sí, aún quedan investigaciones pendientes que afectan a Martin Winterkorn (director ejecutivo de VW cuando se descubrió el escándalo), y al exjefe de Audi, Rupert Stadler, y también hay una investigación de la fiscalía de Stuttgart abierta contra Pötsch y un juicio pendiente con los inversores, que piden compensación por la depreciación de las acciones. En España, el pasado febrero, empezó el juicio oral por la demanda colectiva (7.500 personas) que representa la OCU y en la que se piden 22 millones al grupo automovilístico alemán.