• Según el informe de Rubén Manso, la entidad tenía provisiones más que suficientes para afrontar el deterioro de activos inmobiliarios.
  • Y las cuentas oficiales para la OPV fueron correctas y contrastadas.  
  • Es más, aunque el informe no lo dice así, se colige que el mayor error en el caso Bankia fue... nacionalizar Bankia.
  • La única reducción relevante de valoración de activos vino forzada por la crisis inmobiliaria y por los decretos Guindos de 2012.
  • Además, lo que se juzga en la Audiencia Nacional es si se engañó a los suscriptores de la OPV de Bankia: pues el valor se mantuvo en los mismos niveles de salida durante un año.
  • Y los fondos se mantuvieron durante casi un año sin ventas apreciables.
  • Pero Guindos insiste: lo pagamos todos -el conjunto de los españoles- y pasamos página, que estamos en año electoral.
  • Y no es así como se está contando esta historia.   

El informe pericial del especialista Rubén Manso, contratado por Bankia, y al que ha tenido acceso Hispanidad, concluye que no hubo dolo, ni falseamiento de contabilidad, en la oferta pública de venta (OPV) de Bankia. Si lo quiere extrapolar, aunque eso no lo dice el perito, sino que lo digo yo, el informe demuestra que Rodrigo Rato (en la imagen), contra quien se ha desatado la persecución de UPyD a través de la administración de la justicia, realizó una oferta pública de venta de acciones con todas las de la ley.

El informe, que contradice a los de los otros peritos del Banco de España (que no informe del Banco de España), recuerda que la OPV y la valoración de los activos -pieza clave para la salida a bolsa- obtuvo el visto bueno de la consultora AFI y de la auditora  BDO. No sólo eso, Rodrigo Rato atendió las órdenes del Banco de España de aumentar provisiones con cargo al ejercicio 2011. Y yendo al final de la polémica, y rebatiendo los argumentos del informe pericial de los inspectores Víctor Sánchez y Antonio Busquets, es al parecer el único informe que ha tenido en cuenta el juez Fernando Andreu. El ex inspector del Banco de España y autor del nuevo informe a instancias de Bankia, Rubén Manso, asegura que "Bankia contaba con un 'colchón' de provisión para absorber los ajustes en la cartera crediticia propuestos por los peritos judiciales a 31 de diciembre de 2010 y 31 de marzo de 2011 y no estaría afectada por la situación patrimonial de BFA, ya que se trata de entidades independientes, ni tampoco por la situación patrimonial de Banco de Valencia, no viéndose, en cualquier caso, alterada la solvencia del Grupo".

Es el punto central, documentalmente negado, en el que se apoya el juez Andreu para dictaminar que los suscriptores de la OPV de Bankia fueron engañados por Rodrigo Rato, que habría inflado la valoración de los activos. Pues bien, Rodrigo Rato ni estafó ni robo, ni incurrió en dolo.

En el entretanto, las tesis de Manso vienen avaladas por el hecho de que, cuando Bankia sale a bolsa (julio 2012), los inversores institucionales no venden de inmediato sino que se mantienen en el accionariado durante un lapso de nueve meses. Es más, cotizó incluso por encima de la media del sector bancario. Y durante todo ese tiempo, tanto institucionales como particulares pudieron vender sus acciones sin apenas pérdidas.

¿Qué es lo que ocurrió, entonces, según el informe de Rubén Manso, para que todo se viniera abajo y Bankia fuera nacionalizada? Pues dos cosas, la una determinante, la otra complementaria. La determinante, los decretos de Luis de Guindos, que introdujeron una nueva valoración de los activos, sobre todo de los activos inmobiliarios, que estaban inflados en todas las carteras. En segundo lugar, el cese de Rodrigo Rato y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri.

Entonces, ¿por qué el ajuste exigido por los decretos Guindos a todo el sector afectó más a Bankia que a Santander, BBVA o Caixabank? Pues porque el primer decreto Guindos, muy duro, daba un año para actualizar las cuentas. Ahora bien, Goirigolzarri hizo un ajuste, de golpe, de casi de 5.000 millones de euros, lo que desniveló el balance de las siete cajas de ahorros fusionadas en BFA-Bankia. Tiene su lógica. Un nuevo gestor quiere las cuentas claras, hacer borrón y cuenta nueva. Sobre todo cuando la sombra de la nacionalización ya se cernía sobre Bankia. Al final, el Estado capitalizaría Bankia con 22.000 millones de euros y doña Rosa Díez aprovecharía que el Pisuerga pasa por Valladolid para darse un baño de multitudes judicializando el caso Bankia. Además la morbosa, aunque no relevante, vía paralela del escándalo de las tarjetas opacas de Cajamadrid, también cosa del juez Andreu, sirvió para convertir a Bankia en un triunfo político de UPyD. 

En resumen, no hubo dolo por parte de Rodrigo Rato, que es el trofeo político que se quiere cobrar UPyD con el caso Bankia, indirectamente apoyada por el que fuera secretario de Estado con Rato, es decir, Luis de Guindos.

Y esto es lo curioso: que el actual titular de Economía está dispuesto a pelear sólo lo justito en los tribunales. El Gobierno Rajoy prefiere, en año electoral, que entre todos paguemos lo que Bankia tendría que pagar y lo que Bankia no tendría que pagar si hubiera peleado mejor en los tribunales. Todo con tal de evitar un escándalo, en un año en el que se juegan el poder.

Oiga, pero no es así como se está contando la historia de la OPV de Bankia y su aparatoso caso jurídico.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com