Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la disposición que permitió la integración del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, encargada de controlar al CNI.

Y es que el Gobierno social-comunista coló la inclusión de Iglesias en la comisión del CNI en la disposición final segunda del ‘Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19’. Lo que hacía esa disposición final era reformar la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que, resalta el TC, no guardaba ninguna relación con las medidas frente al coronavirus. Así lo mantenía el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox y que fue estimado por el TC.

Es decir, que el PSOE y Podemos utilizaron una triquiñuela totalmente antidemocrática para lograr su objetivo, pero fueron descubiertos.

Pero Podemos ha vuelto a intentar colar algo que le interesa usando una artimaña. En este caso, intentó que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia  -aprobada la semana pasada con 297 votos a favor-  incluyese una modificación del Código Penal que, de haberse aprobado, se traducía en flexibilizar el acceso al tercer grado a condenados por terrorismo, sin necesidad de que hubieran cumplido la mitad de la condena, como ocurre desde la reforma de 2003; es decir, habría supuesto ‘beneficios penitenciarios’ a etarras de los que ahora carecen, informa ABC.

De forma increíble, el texto pasó el primer filtro del Congreso sin que ningún grupo parlamentario se percatara de dicha modificación, incluido el PP. Fue durante el trámite parlamentario en el Senado hace menos de una semana cuando el Grupo Socialista presentó una enmienda para suprimir ese cambio, que prosperó, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Cámara Alta del día 19 de mayo. El texto llegó de vuelta al Congreso con la supresión de ese tercer grado para los terroristas y para los condenados por delitos en el seno de una organización criminal. Y salió adelante con un apoyo casi unánime el jueves, cuenta ABC.

En la AVT tienen claro que se trató de «una maniobra del Gobierno para colar de rondón una reforma del Código Penal, que afortunadamente no ha salido adelante, pero ha sido ‘in extremis’». Están convencidos de que en cualquier momento les van a «colar» otra, y así se lo advirtieron al PP. «Quieren reformar el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. Llevan tiempo diciéndolo en ‘Gara’», concluye ABC.