Los cuatro presos independentistas que estaban en huelga de hambre han anunciado este jueves que abandonan esta acción de protesta iniciada para denunciar que el Tribunal Constitucional no desencallaba sus recursos de amparo y han hecho un llamamiento para que las manifestaciones por la celebración del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona sean pacíficas, recoge RTVE.

El expresidente de la ANC y exdiputado Jordi Sànchez y el exconseller Jordi Turull llevaban ya 20 días de ayuno voluntario, mientras que los exmiembros del Govern Josep Rull y Joaquim Form, sumaban sin comer 17.

La portavoz de los reclusos en huelga de hambre, Pilar Calvo, lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa después de que los cinco expresidentes de la Generalitat y los cuatro expresidentes del Parlament se lo pidieran en un comunicado conjunto este mismo miércoles para así "salvaguardar su derecho a la vida y a la salud".

Los cuatro argumentan que ahora se les abre la puerta de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En el comunicado, los cuatro argumentan que dejan la huelga porque "después de todo un año de inacción, el Tribunal Constitucional ha abierto el cajón donde guardaba" sus escritos que habían sido "condenados al olivido" y que ahora se les abre "la puerta de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Por otra parte, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat, con el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a la cabeza, en la que les acusa de desviar ocho millones de euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, recoge RTVE.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado la presentación de la demanda, avanzada por El País, y que se dirige también contra el resto de exconsellers.

El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.