Fernando Abril-Martorell ha perdido la confianza del Gobierno, concretamente la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El planteamiento inicial de Indra poco se parece al acuerdo alcanzado finalmente con los sindicatos en la tarde del jueves y que quedó plasmado en un hecho relevante remitido por la compañía a la CNMV (ver el documento al final).
Así, el ajuste en Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (ISTI) no afectará a 1.036 empleados sino a 580 de los 13.067 empleados que tiene la filial actualmente. Además, de esas salidas, 220 serán prejubilaciones, fijadas por las partes a partir de los 57 años, con el 80% del salario bruto, hasta cumplir los 63.
Además de las 580 bajas, Indra aplicará un ERTE a 125 trabajadores para facilitarles la formación y recualificación profesional. Concretamente, estarán obligados, durante seis meses, a realizar el programa de formación y recualificación profesional elegido y sufragado por la empresa. El objetivo es, según la compañía, mejorar su empleabilidad.
En definitiva, el ERE se ha suavizado enormemente, lo que lleva a pensar que el futuro de la compañía sigue en el aire. A Fernando Abril-Martorell le están pidiendo lo imposible: tiene que reflotar Indra y, al mismo tiempo, dar ejemplo en materia laboral, es decir, mantener el empleo (el Estado es el máximo accionista, con el 18,7% del capital). El Gobierno, incluso, le obligó a retirar el ERTE planteado a comienzos del mes de abril y la compañía no pudo acogerse a esta medida tan utilizada por otras empresas españolas.
Lo cierto es que la situación de Indra es complicada porque su futuro depende, en gran medida, del Estado, concretamente, del presupuesto de Defensa, una partida que no ha hecho más que menguar en los últimos años, también con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Conviene recordar que Indra surgió tras la fusión (1992) entre la empresa pública Inisel y la privada Ceselsa y ya entonces, su negocio más fuerte era el relacionado con Defensa. El último ejemplo fue la elección de la compañía por parte del Gobierno, como la coordinadora nacional del programa europeo de Defensa (FCAS), que incluye el futuro Eurocaza, sustituto del Eurofighter.
Sea como fuere, y en paralelo al ERE en TI, continúa el ajuste en la filial de Sistemas (Defensa, Seguridad, Transporte y Tráfico Aéreo), que afecta a 240 empleados, el 3,8% de la plantilla total de 6.335 personas. Una medida que CCOO ha vuelto a rechazar este viernes. El sindicato propone, en su lugar, un Plan de Estabilidad 2021-2024, sin medidas traumáticas, naturalmente.