La Asociación de Abogados Cristianos solicita medidas cautelares al Juzgado de Instrucción de Valencia para pedir la retirada de la obra “Poder y Santidad”, cuyo estreno está previsto el próximo 16 de octubre en el Teatro Principal de Valencia, a un precio por entrada que va desde los 10 hasta los 16 euros.  Vamos, que no cubre costes.

El creador y director de la obra, Paco Azorín, la describe así en la página oficial del Instituto Valenciano de Cultura, dependiente de la Generalitat Valenciana -presidida y vicepresidida respectivamente por PSOE y Compromís-, que coproduce y financia la obra, patrocinio en la que tambien participa la DIputación valenciana, asimsimo controlada por el PSOE: 

¿Puede haber libertad sin ética? ¿Puede existir la libertad sin justicia social? Molins -autor de la obra- plantea una enmienda a la totalidad empezando por la Iglesia Católica. No contra la Iglesia de los pobres que debería ser. No contra la Iglesia de la Teología de la Liberación. Sí contra el Estado Vaticano y su oscurantismo. Sí contra sus inversiones en paraísos fiscales. Sí contra la curia romana que esconde casos de pederastia. PODER Y SANTIDAD también es un canto al amor libre.Haremos un espectáculo contra la hipocresía. Haremos una puesta en escena hilarante e iconoclasta. Un grito ahogado contra todo y contra todos. Debemos plantear una nueva utopía.

O sea, una sarta de tópicos progres.

Abogados Cristianos denuncia al presidente de la Diputación de Valencia -organismo que también patrocina la obra-, Antoni Francesc Gaspar (PSOE), al Director del Instituto Valenciano de la Cultura, Abel Guarinos; así como al creador de la obra y a su director, Paco Azorín.

Los acusa a todos de un delito contra los sentimientos religiosos y a los dos primeros, además, de un delito de prevaricación.

La organización de juristas afirma en su denuncia que “en el cartel de la pieza teatral se consuman ya los dos delitos denunciados ya que reconoce ir contra la Iglesia Católica y acusa a su máxima autoridad y a la curia romana de pederastia”. Asegura que “la obra, en caso de estrenarse, supone un ataque y una humillación, no sólo a la Iglesia sino también a la Fe Católica. Contando además con la financiación de las arcas públicas valencianas, al haber sido coproducido y financiado por el Instituto Valenciano de Cultura y por la Diputación provincial”.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “se utilice dinero público para financiar una obra que ofende a una gran parte de la población valenciana que se declara cristiana”. Critica que “este tipo de ataques vengan siempre del mismo lado y vayan siempre contra los cristianos”. Asegura que “si estas ofensas fuesen contra otro colectivo u otro credo, no serían permitidas. Pero contra los cristianos parece que todo vale”.