• UGT y CCOO dejaron en manos de los políticos el salvamento de los empleos y se negaron a negociar el ERE.
  • Y los políticos... unos (PP) pasaron las elecciones sin cerrar la planta... y los otros (PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida)... que prometieron en elecciones salvarla, ahora están en 'otras cosas'.
En la mañana del jueves, Elcogas ha presentado un ERE de extinción ante la Consejería de Economía y Empleo de Castilla La Mancha en Ciudad Real. Según un comunicado de la empresa se plantea una indemnización de 26 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades, más de lo que la regulación laboral le permitía comprometer, ya que se trata de un ERE sin acuerdo. Y ahí reside la clave de lo que está pasando ahora. Como hemos explicado en Hispanidad, la historia de Elcogas es la historia de los acontecimientos políticos recientes en España. Hace 20 meses que la empresa dijo que cerraba porque el Gobierno había cortado los apoyos al consumo de carbón nacional, como el que utilizaba Elcogas de una forma limpia, pero muy cara. Tan cara que sus pérdidas ascienden en estos momentos a más de 220 millones de euros. Tras varios aplazamientos de la decisión de cierre, ligados a supuestas regulaciones del Ministerio de Industria que nunca vieron la luz, incluido un Plan de Viabilidad solicitado por el propio ministro Soria y que luego rechazó, Elcogas ha ido pasando por encima de las consultas electorales del último año hasta que el PP de Rajoy y Cospedal dieron el cerrojazo definitivo el pasado 4 de febrero, con la desconexión de la planta. Primer revés político. El segundo revés ha venido servido por los propios sindicatos CCOO y UGT, que lejos de negociar con la empresa el ERE tras el enrevesado resultado electoral del 20-D y el plantón de Industria, se encomendaron a 'san Pedro Sánchez' para que su Gobierno de coalición de izquierdas 'non nato' salvara la planta, como había prometido en las campañas electorales convenciendo en el discurso a C's, Podemos e Izquierda Unida. El problema es que Elcogas ha dicho por activa y por pasiva que está al borde de la quiebra, y que el supuesto Gobierno no va a llegar a tiempo de salvarla, empezando porque necesitaría dos años para devolverle las licencias que acaba de quitarle el Gobierno Rajoy. Los sindicatos no han querido ver la realidad y se han resistido a un acuerdo que ahora acaba en un ERE, previsiblemente judicializado. A ver qué dice el juez de una empresa cerrada oficialmente por un Gobierno y que ha palmado mucha pasta. Los últimos 25,5 millones de euros en 2015, mientras esperaba esas medidas que prometían políticos y sindicatos y que no han llegado. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com