Ha sido la cumbre más importante jamás convocada por la CEOE en toda su historia. La ocasión lo merecía, sin duda, y servía de contrapeso -o de complemento- a la comisión de reconstrucción económica que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y que preside el reconocido economista, Patxi López.

La comisión del Congreso no servirá para nada -eso ya lo sabíamos- y la cumbre de la CEOE, para muy poco, como suele suceder con este tipo de iniciativas, cuyo impacto se va diluyendo en el tiempo al no establecer ninguna medida concreta en un plazo determinado.

En cualquier caso, de las diez conclusiones anunciadas este jueves por Pablo Isla, nos quedamos con dos: estabilidad presupuestaria y acelerar las inversiones en energías verdes.

Por estabilidad presupuestaria, la cumbre empresarial entiende disponer del gasto público necesario en el corto plazo como medida para salir de la crisis, naturalmente, y volver a la senda de estabilidad fiscal en el medio y largo plazo. Y todo esto, sin subir los impuestos y sí apoyándonos en el crecimiento económico.

Más llamativo es el empeño por la transición energética, también bajo una visión a medio y largo plazo. España tiene que invertir más en energías verdes y esto, según las empresas, podría tener un efecto arrastre en el corto plazo, aunque no queda claro hacia donde.

En esta línea, la cumbre ha pedido seguridad jurídica, principalmente en el ámbito energético, como condición indispensable para atraer a los inversores.

Y tal vez la propuesta más concreta, además de no revertir la reforma laboral (ya es un clásico) es la de adaptar los ERTE y los créditos ICO a la evolución de la economía y de cada sector. Ha sido una petición constante durante la cumbre y fuera de ella, y ha culminado este jueves con el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los ERTE hasta septiembre. Habrá que ver si es suficiente.

Todo lo demás son generalidades que quedan muy bonitas sobre el papel, pero que no sirven de nada si no se concretan: consenso y diálogo social, establecer un marco regulatorio más flexible, fomentar la colaboración público-privada, que la industria suponga el 20% del PIB, un crecimiento inclusivo…