• La entidad madrileña no se hundió por las 'tarjetas black' sino por los créditos fallidos y dolosos.
  • El juez impone una fianza solidaria de 230 millones a Olivas, ex 'número uno' de Bancaja y ex vicepresidente valenciano.
  • Entra en el mismo 'saco' Aurelio Izquierdo, ex primer ejecutivo de la caja, la tercera de España, y otros tres directivos.
  • Olivas y el resto causaron pérdidas de 250 millones por la operación irregular que se juzga, en el Caribe mexicano.
Las tarjetas negras (o black) de Caja Madrid, que tanto ruido mediático han provocado -con razón-, no fueron la causa del quebranto de Bankia, sino apenas un apéndice anecdótico como quien dice. Uno de los principales problemas fue Bancaja, enjaulada con otras seis cajas en Bankia (hablamos de principios de 2011). Y más en concreto, las ingentes pérdidas de money que escondía en forma de créditos fallidos y dolosos. Entiendan ahí, en ese contexto, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González de imponer una fianza solidaria de más de 230 millones de euros (264,4 millones de dólares) al ex presidente de la entidad valenciana José Luis Olivas (en la imagen) -también fue, antes que banquero, vicepresidente de la Comunidad Valenciana-; a Aurelio Izquierdo, entonces principal ejecutivo (director general), y a otros tres ex directivos, Domingo Parra, Rafael Codoñer y José Cortina. Viene a pelo recordar que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, informó en noviembre de 2014 que Bankia perdió 1.700 millones de euros por 11 operaciones irregulares de Bancaja. Y es que cruzar esa cifra con las pérdidas por las tarjetas black, 15,5 millones en unos diez años, explica el resto. Un banco se hunde por lo primero no por lo segundo, que está mu mal. Una de las 11 operaciones irregulares a las que se refería Goiri es la que está en manos de Anticorrupción y por las que el juez ha impuesto este viernes las fianzas. Se trata del proyecto hotelero Gran Coral, en el Caribe mexicano. Según la información del Poder Judicial, el magistrado quiere "garantizar las responsabilidades pecuniarias" por los préstamos concedidos al proyecto Gran Coral. Y el tamaño de fianza dice el resto sobre el tamaño de esos créditos. Las acusaciones son por delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal. Hubo financiación y refinanciación de la deuda. Hablamos de créditos fallidos -incobrables, ya me entienden-, y dolosos, fundamentalmente porque se concedían a sabiendas de que entidad de marras cargaría con ellos, primero provisionando y después en números rojos. Créditos, en fin, que amañaban los directivos con familiares, personas afines o empresarios amigos durante los años del jaleo. La cifra exacta, posiblemente, no se sepa nunca. Los empresarios que recibieron los préstamos son Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldo, a los que el juez ha impuesto una fianza de casi 630 millones de euros (712,4 millones de dólares). El juez cifra en 140 millones las plusvalías que obtuvieron con las operaciones fraudulentas en México, cuyo impacto en las entidades bancarias fue de 246 millones, según el FROB, de de 250 millones, según el Banco de España. Las plusvalías fueron trasferidas después a cuentas en Suiza y Andorra. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com