El Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros por el dinero público empleado hace cuatro años en la consulta ilegal del 9 de noviembre (9-N). El tribunal considera al expresidente responsable de la totalidad del daño “causado” a la Generalitat, o lo que es lo mismo, tendría que pagar por todos si los otros condenados no lo hacen. Son la entonces vicepresidenta, la democristiana Joana Ortega, los ex consejeros de Presidencia, Francesc Homs, y Educación, Irene Rigau, y otras seis personas.

Las diez personas deberán reingresar al Estado, por tanto, casi cinco millones de euros por el 9-N de 2014, celebrado a pesar de la orden de suspensión del Tribunal Constitucional, según la sentencia (en el documento adjunto). El órgano fiscalizador de las cuentas de Estado ha aceptado las demandas de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

Irene Rigau debe pagar 2,8 millones por los 7.000 ordenadores comprados por la su consejería, utilizados en las mesas de votación; Francesc Homs, 1,9 millones, por el coste de la campaña de publicidad institucional y Joana Ortega, 0,8 millones, que corresponden a soporte informático empleado para organizar el 9-N.

Mas está inhabilitado, como el resto, tras ser condenado por desobediencia por el Tribunal de Justicia de Cataluña

La condena a Mas, inhabilitado por dos años hace un año, aunque su defensa ha recurrido ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llega en un momento en el que Puigdemont, fugado a Bélgica, no descarta su regreso a la primera línea política. La razón no es otra que las escasas perspectivas de voto del PDeCAT y la Crida, unidas a la proximidad de unas elecciones tras la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista.

Mas no tiene capacidad, desde punto de vista económico, para afrontar la condena y devolver el dinero. Carece de esa fortuna. Además, sus bienes están embargados desde diciembre, en la misma sentencia del Tribunal de Cataluña que le inhabilitó a Rigau (1 año y seis meses) y Ortega (un año y nueve meses) con la misma razón: la desobediencia de una resolución judicial por el 9-N.