El Gobierno italiano ha perdido el miedo a los Benetton, principales accionistas de Atlantia y de la mitad de Abertis (más una acción), aunque el cierre de la operación con ACS (el otro 50%) puede retrasarse por los efectos del desplome del puente genovés de Morandi. Hay un antes y un después para los Benetton y para Atlantia después de ese siniestro. Paradójicamente, el Gobierno Sánchez no ha dicho nada al respecto, a pesar de que Abertis es, de momento, una empresa española.

Que el Gobierno italiano ha perdido el miedo a Benetton tiene muestras casi a diario desde el siniestro de Génova. Desde aquel mismo día, Luigi di Maio, vicepresidente y líder del Movimiento 5 Estrellas y otros ministros se han lanzado contra yugular de Atlantia y por ende, contra el de la familia Benetton, mientras los mercados evaluaban el impacto para el grupo en euros (entre 8.800 y 7.500 millones).

El desplome de Génova ha puesto en cuestión el modelo de concesión de autopistas en toda Europa: Ábalos deberá comparecer en el Congreso 

El Gobierno ha acusado a los Benetton de todo menos de bonitos: de tener comprada a la prensa, de pensar más en el dividendo que la seguridad de la infraestructuras, de haber evadido impuestos y pende de un hilo que le quiten o no las concesiones, no sólo a su filial Autostrade (como en el caso de la autopista que cruza Génova), sino otras del grupo.

El Gobierno sigue dividido en ese último punto. Di Maio ha reiterado, en cualquier caso, que Austostrade no reconstruirá el puente Morandi, sino que lo hará una empresa pública, al tiempo que debe ser nacionalizada la red en la que opera esa compañía.

Pero ese extremo necesita un anuncio oficial, aunque se hará en pocos días y el proceso de revocación puede durar cinco meses. Hay también voces discrepantes, como la Giancarlo Giorgetti, vicesecretario del Gobierno y líder de la Liga Norte, que ha insistido en que en esa decisión “no debemos dar pasos en falso”, como el coste en la deuda pública -algo a lo que también se ha referido Carlo Cottarelli, excomisario para la reducción del gasto público- y lo mismo sobre quién se hará cargo de la reconstrucción del puente.

El Gobierno también ha olvidado a Cellnex, en manos de los Benetton, que necesitaría una inyección de capital para desapalancarla

No se ha detenido, sin embargo, la diatriba contra los Benetton, cuyo comportamiento después de la tragedia, para Di Maio, ha sido “vergonzoso desde el punto de vista humano. Han ganado miles de millones con los de peajes y si pagan el dinero para rehacer el puente, solo cumplen la mitad de sus obligaciones”.

También han sido acusados de no pagar los impuestos en Italia, al estar domiciliada en Luxemburgo la sociedad Sintonia, que controla Edizioni, el grupo con el que la familia articula sus inversiones. Los Benetton lo negaron, aunque el semanario L’Espresso acaba de publicar una información en la que tiene otra versión. Cambio la domiciliación de Luxemburgo a Italia en 2012, debido a razones económicas, pero también hubo una investigación fiscal sobre “los beneficios movidos durante 10 años desde Italia a Luxemburgo”, que tuvo que saldar con pagos millonarios.

En España, el Gobierno no ha dicho nada; tampoco José Luis Ábalos, ministro de Fomento, a pesar de la operación en curso para hacerse con la concesionaria Abertis, o el asalto de los Benetton para controlar Cellnex, la tecnológica del grupo, que está pendiente de lo que decida la familia italiana.

Ábalos tampoco ha dicho nada sobre el nuevo modelo de autopistas, salvo anunciar que hay dos autopistas de peaje de Abertis que revertirán al Estado este mismo año, la AP-7 -entre Alicante y Tarragona-, y la AP-4 -entre Sevilla y Cádiz-, sin decir nada más de las que están pendientes, como las que unen Zaragoza con el Mediterráneo y Tarragona con la Junquera o Montmelo-El Papiol, cuya concesión vence en 2021.

Por ese motivo, la Diputación Permanente del Congreso ha decidido este lunes una comparecencia extraordinaria del ministro para explicar sus planes para las autopistas de peaje. Se ha unido a esa petición hasta Podemos, que se ha sumado a PP, Ciudadanos, ERC y Compromís, que ha dejado solo al PSOE.

Cellnex, mientras, necesita inversión para crecer (vía, por ejemplo, de ampliación de capital), no lanzarla a nuevas compras, que le endeudarían todavía más de lo que está, cuando su problema es su elevado apalancamiento.