(Exclusivas de la prensa de papel 22/12/2020) La Audiencia de Madrid confirma que el partido de Iglesias se inventó el acoso sexual y laboral de Calvente

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella por acoso sexual que interpuso la abogada de Podemos Marta Flor Núñez contra el ex coordinador jurídico del partido José Manuel Calvente, según consta en un auto de 18 de diciembre, a cuyo contenido ha tenido acceso de forma parcial LA RAZÓN. “Pablo Iglesias mintió vilmente ante todos los medios de comunicación el día 6 de diciembre de 2019 cuando presentó mi despido como un caso de acoso sexual”, asegura el ex coordinador jurídico de Podemos. (La Razón)

La financiación de Podemos: Neurona desvió a México 129.000 euros con facturas falsas de 'spots' políticos. La consultora chavista Neurona desvió otros 129.000 euros de la campaña de Podemos a la tapadera mexicana Creative Advice Interactive a través de una nueva remesa de facturas falsas de "spots políticos". El destino final del dinero es ahora una nueva vivienda ubicada en el municipio de Guadalajara donde, al igual que ocurre con las dos anteriores de la misma localidad a las que transfirió dinero, carece de medios para llevar a cabo trabajos electorales. (El Mundo)

Los trabajadores de Podemos para el 28-A no conocían a ningún empleado de Neurona. El cámara de la formación morada no recuerda si grabó las imágenes de los vídeos supuestamente editados por la consultora bajo sospecha. (La Razón)

PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta y no por tres quintos. (El País) (ABC)

Podemos y los nacionalistas presionan a Pedro Sánchez para ocupar ya al menos tres sillones del CGPJ. Pablo Iglesias exige que se permita la participación de ERC y Bildu en el órgano de jueces pero el PSOE prefiere un pacto con el PP. (El Mundo)

Los británicos que viajen a Gibraltar tendrán que someterse a controles de pasaporte para visitar su colonia, mientras que los españoles podrán entrar libremente en ella y los llanitos —como popularmente se conoce a los gibraltareños en su comarca—, podrán circular sin control por España y por los 26 países que han suscrito el Tratado de Schengen, el espacio europeo sin fronteras internas. Esa será la principal consecuencia práctica del acuerdo que ultiman España, Reino Unido y Gibraltar para definir la relación del Peñón con su entorno español a partir del 1 de enero, cuando se consume el Brexit. El encaje en el pacto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es el último escollo. Si culminan con éxito las negociaciones en curso, Gibraltar se convertirá por vez primera y de la mano de España en parte del acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de personas por 26 países europeos (22 de la UE, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), del que nunca formó parte el Reino Unido. (El País)

El Ministerio de Defensa firmó cuatro contratos para protegerse contra la pandemia de coronavirus antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el primer estado de alarma el pasado 14 de marzo. El primero de ellos data del 1 de febrero, mientras que el 2 de marzo, una semana antes del 8-M y casi dos semanas antes de que se anunciara el confinamiento general, las Fuerzas Armadas ya habían ordenado un pedido de kits de protección biológica. Los cuatro contratos adjudicados antes del estado de alarma están destinados a la compra de material de distinta tipología. En todos los casos se trata de elementos útiles para evitar los contagios o, al menos, prevenirlos. (ABC)

Inés Arrimadas detalló ayer las razones por las que Ciudadanos lleva nueve meses negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez. Primero las prórrogas del estado de alarma y por último y sin éxito, los Presupuestos Generales del Estado. Reivindicó las mejoras que ha conseguido en las cuentas del Estado, «frenando las locuras de Podemos». Y aseguró que, además, ha conseguido «desenmascarar a Pedro Sánchez» porque toda España ha podido ver que el presidente ha elegido a Bildu y a Esquerra Republicana a pesar de contar con vía alternativa y «la mano tendida» de Ciudadanos. En una entrevista con EL MUNDO, retransmitida en directo por internet y en las redes sociales, Arrimadas reivindicó que esa mano tendida al jefe del Ejecutivo «sirvió a los españoles para ver que en vez de coger nuestra mano, ha cogido las de Otegi, Rufián y Junqueras». (El Mundo)

La maquinaria de comunicación de Moncloa ha acompañado la aprobación de estos Presupuestos de toda una campaña dirigida a afianzar la permanencia de Sánchez en La Moncloa. Poco más que estos PGE, según han dicho, son la garantía de que el presidente del Gobierno tiene la estabilidad necesaria para resistir hasta que se acabe la legislatura actual. Pero el camino no está tan despejado como hacen ver en Moncloa. En Bruselas esperan unos nuevos Presupuestos para el próximo ejercicio que se ajusten de manera más precisa a la realidad post-pandemia. Ahora, justo a principios de año, el Gobierno tiene que presentar un Plan de Recuperación, y a medida que avance el control sanitario y se extienda el proceso de vacunación, los efectos económicos de la pandemia se harán ver con más claridad. (La Razón)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a relegar a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en la gestión de los fondos europeos al tener que incluir a Pablo Iglesias en la llamada «Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia». Así aflora en el texto del llamado Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia al que ha tenido acceso EL MUNDO. (El Mundo)

El planteamiento del Ministerio es que se trata de una decisión necesaria dentro de un amplio abanico para contener el gasto en el sistema de pensiones dentro de la reforma que debe presentar en Bruselas a cambio de los fondos europeos. El secretario de Estado de Seguridad Social, Ismael Arroyo, ha expuesto ya la necesidad de la prohibición a los agentes sociales y mantendrá una nueva reunión hoy martes para intentar pactar la reforma. Fuentes sindicales expresan reservas y recuerdan que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó la jubilación forzosa, prohibida por el Ejecutivo anterior del Partido Popular en el año 2012, aunque ya había dado un primer paso en contra, complicándolas, el último Gobierno de Zapatero en la crisis de 2011.  (El Mundo) (Expansión)

El plan Escrivá restaría 1.100 euros anuales a los nuevos jubilados. Si se toma como referencia la pensión media para los nuevos jubilados, que en septiembre alcanzó los 1.415 euros, la ampliación completa en el cómputo supone un recorte en la prestación de casi 78 euros por paga. 1.089 euros en un año. (La Vanguardia)

La fórmula de Escrivá para calcular la pensión: con 35 años cotizados pero excluyendo los más negativos. Calviño admite que la Seguridad Social quiere ampliar el plazo de cómputo para determinar la jubilación pero añade una fórmula que mitigaría el recorte esto supondría. (Cinco Días)

El pasivo de las Administraciones Públicas ha repuntado con fuerza como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero también por las políticas de gasto del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. (El Mundo)

La disputa abierta en el seno del Gobierno por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) seguirá abierta una semana más al no estar el Gobierno decidido a qué hacer de cara a 2021. El Ministerio de Trabajo convocó ayer por la tarde a los agentes sociales a la segunda reunión en siete días sin trasladarles ninguna propuesta concreta sobre lo que quiere hacer, si subirlo como pretende la ministra Yolanda Díaz o congelarlo, como defiende la responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (El Mundo) (El Periódico)

El entendimiento entre Sánchez y la CEOE en el SMI incendia a los sindicatos. Según fuentes de las negociaciones, de confirmarse que el indicador se mantiene el año próximo en 950 euros mensuales, las relaciones con el Ejecutivo de Sánchez se tambalearán. Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que ayer mantuvieron los agentes sociales con el Gobierno para negociar a cerca de la evolución de esta retribución de cara al año que viene y en la que básicamente se afianzaron las posiciones marcadas la semana anterior. (ABC)

Trabajo diluye sus expectativas y asume que la subida del SMI no pasará de los 9 euros al mes. De momento, el duelo de titanes ha llevado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a recular en su pretensión de aumentar el salario mínimo entre el 2,4% y el 3,1%, porcentajes resultantes de sumar la inflación prevista del 0,9% a la estimación de crecimiento de la productividad para el año que viene, que oscila entre el 1,5% y el 2,2%. (La Razón)

El Ejecutivo no ha vetado ninguna operación con la nueva normativa de control. Comercio celebra la llegada de este tipo de inversores de capital puramente estatal. (ABC)

La filial de CaixaBank en Luxemburgo ha alcanzado los 300 millones de euros en patrimonio bajo gestión en sus primeros tres meses de vida. El objetivo del banco es multiplicar esta cifra por ocho en tan solo dos años, lo que supondrá elevar el volumen administrado hasta los 2.500 millones de euros al finalizar 2022. El banco obtuvo licencia bancaria para abrir una filial de banca privada en el país en febrero, tras alrededor de dos años trabajando en ello, y ha sido el pasado mes de septiembre cuando la entidad ha comenzado finalmente a operar en Luxemburgo. (Expansión)

Amancio Ortega vuelve a inyectar capital a su filial de Reino Unido. Su family office Pontegadea ha llevado a cabo una ampliación de capital por 51,1 millones de euros en su filial Pontegadea UK, según consta en el registro mercantil británico. Tras la operación se encuentra la voluntad de tener preparada a la compañía ante posibles nuevas inversiones. (Cinco Días)

Nuevo paso de Telefónica en el proceso de reorganización de los negocios en torno a la división Tech. La teleco va a extender a todos los países en los que tiene presencia la integración en una misma unidad de los ámbitos de ciberseguridad y cloud. (Cinco Días)

Adif prepara la puesta en marcha de 400 ferrolineras en España. El gestor ferroviario está buscando promotores para estas instalaciones y prevé que alcancen una potencia de hasta 500 kW, lo que supondría un récord en nuestro país, frente a las que ya hay en operación en las estaciones de servicio de Repsol o Cepsa, que tienen una potencia máxima de hasta 350 kW. (El Economista)

Unicaja y Liberbank intentan salvar la fusión 'in extremis'. En los últimos días las negociaciones de ambas entidades han estado bloqueadas por el reparto de poder en la cúpula y la operación ha estado a punto de fracasar una vez más. El reloj corre y ya no se descarta incluso que un posible acuerdo se posponga a 2021, aunque para ello haya que realizar una nueva due diligence, lo que retrasaría un posible pacto de integración hasta finales del primer trimestre del año. (El Economista)

“Estamos considerando montar dos centros de ‘expertirse’ en el país para poder sumar talento de aquí a nuestra propuesta global. Llevamos a cabo un mapa de talento para hacer ese ‘matcheo’ y determinar qué tipo de tecnología gestionar desde aquí”. (Cinco Días)

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado "confiscatorio" el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como Plusvalía Municipal- cuando la cuota que debe abonar el contribuyente coincide o supera las ganancias que ha obtenido de la venta del inmueble. El Tribunal subraya que, en estos casos, los ayuntamientos absorben toda la cuota gravable pese a ser un tributo constitucional y obligan al ciudadano a destinar al pago del tributo toda la plusvalía. (El Economista)

La UE ha decidido adelantar al 27 de diciembre la campaña de vacunación contra el Covid-19, una medida con la que espera atajar la pandemia pero que no tendrá, ni mucho menos, un efecto inmediato en el transporte aéreo. "El impacto de las vacunas se empezará a ver en el tráfico a lo largo del segundo trimestre. La crisis es más profunda y duradera", asegura Manuel Huertas, presidente de Airbus Operations en España. (El Economista)

Los propietarios de pisos en alquiler, grandes y pequeños, contemplan presentar a partir de hoy miles de demandas contra el Gobierno por atentar contra la propiedad privada con su nuevo decreto antidesahucios. La medida que aprobará hoy el Consejo de Ministros provocará una avalancha de litigiosidad, al dar carta blanca a la ocupación ilegal. “Prevemos que habrá miles de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial del Estado”, avisa un portavoz de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) en declaraciones a este diario. Las demandas reclamarán al Estado responsabilidad patrimonial por atentar contra normas fundamentales como la protección de la propiedad privada o la tutela judicial efectiva. (Expansión)

El asesoramiento financiero al margen de la gran banca ha llegado a España tarde, mal y, prácticamente, nunca... La figura de la empresa de asesoramiento financiero (EAF) se creó en 2007 de la mano de la primera edición de la directiva Mifid. Pero el primer vehículo no se registró hasta 2009, y fue de Abante. Hasta ahora, las personas que cumplieran los requisitos podían crear una sociedad de este tipo desde 0 euros. Una directiva europea obliga a Economía elevar el capital social mínimo a 75.000 euros para todas las firmas. Un nuevo obstáculo para ellas. (Cinco Días)

En Moncloa hay confianza de que las alusiones de Don Felipe a la situación de su padre sean «lo suficientemente explícitas» como para dejar satisfecha a esa parte de la opinión pública –cuya cuantificación es tarea poco menos que imposible– que siente que Don Felipe les debe una explicación que, por otra parte, no se le ha exigido a ninguno de los líderes políticos actuales que han sucedido a predecesores salpicados por la corrupción. Existe también confianza en que se lanzará un mensaje «tranquilizador» y en la línea de «rigor» contra las irregularidades y la corrupción que han caracterizado el comportamiento y los pronunciamientos de Don Felipe desde que ocupa la Jefatura del Estado. (La Razón)

Los investigadores hallan una “guía de abreviaturas” elaborada por la trama para “comprender” sus propios informes en uno de los proyectos bajo sospecha. (El País)