(Exclusivas de la prensa de papel 03/12/2020) Vocales del CGPJ critican la reforma: «Se trata de una injerencia más con claros visos de inconstitucionalidad»

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran su estupefacción por la última iniciativa del Gobierno de coalición para limitar las funciones de este órgano mientras se halle con el mandato prorrogado. EL MUNDO se ha puesto en contacto con una decena de miembros del Poder Judicial, tanto del sector conservador como progresista, del órgano que preside Carlos Lesmes. Los vocales consultados coinciden en señalar que se trata de una decisión adoptada por el PSOE y Podemos fruto del «cabreo» por la negativa del PP a renovar el gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó el 4 de diciembre de 2018. Asimismo, aseguran que es un signo claro de que quieren «desactivar» al CGPJ privándole de ejercer su principal función, es decir, los nombramientos de jueces y magistrados. «Se trata de una injerencia más con claros visos de inconstitucionalidad. El artículo 122 de la Constitución atribuye al CGPJ sus funciones en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario», asegura un vocal muy crítico con la modificación legal propuesta. (El Mundo) (La Razón)

El líder de UPN y portavoz de Navarra Suma advierte de que el problema es lo que han acordado PSOE y Bildu “pero no conocemos”, porque no es público. (La Razón)

Los alumnos de Bachillerato en el País Vasco estudian "el abuso de la violencia por parte del Estado". El currículo de la asignatura de Filosofía defiende que la Unión Europea y la ONU "suplantan" a los Estados nacionales. Uno de los criterios de evaluación es: «Debate el fenómeno de la violencia política, tanto el terrorismo como el abuso de la violencia por parte del Estado democrático, tomando como referencia el País Vasco». «Se solidariza con las víctimas, sin hacer discriminaciones entre ellas y sin justificar la existencia de unas con la de otras» es otro indicador de logro. (El Mundo)

Ajeno a los trámites legales por los que deben pasar determinadas reformas que favorecen a los presos del «procés», Iglesias presiona al presidente del Gobierno para que agilice la tramitación, por un lado, de la reforma del delito de sedición, y, por otro, la de los indultos. La primera partida se juega en terreno del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la segunda, en el Tribunal Supremo, donde Fiscalía y los jueces del «procés» deben emitir un informe sobre la concesión de esta medida de gracia a los doce condenados que lo han solicitado. (ABC)

Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 quiere arrojar luz sobre la veracidad de esos trabajos –por los que Podemos pagó en total a Neurona Comunidad, la filial de la matriz mexicana– al menos 363.000 euros. En su resolución, el instructor acuerda citar en calidad de testigos a Silvia S. R. y Víctor L. B. Según se refleja en el Libro Mayor relativo a las Elecciones Generales al Congreso y Senado celebradas el 28-A –una documentación aportada por Podemos a la causa– la primera fue contratada para la prestación de servicios audiovisuales, el segundo para tareas de producción de actos electorales. Según consta en ese auto del pasado 27 de noviembre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado trata de averiguar por tanto si la consultora hizo los trabajos, como aseguran desde la coalición electoral de Unidas Podemos, o si por el contrario estas labores las realizaron los trabajadores que declararán como testigos. (La Razón)

¿Debe pedir el Rey Felipe VI perdón por su discurso del 3-O? El runrún está en los cenáculos políticos de la izquierda. El hasta dónde debería llegar esta rectificación tiene matices según la propuesta venga del ámbito más radical de la izquierda, de Unidas Podemos, o de un ala socialista y constitucionalista. El ala socialista que cree que el Rey debería hacer algún gesto de rectificación con Cataluña alega que tiene en cuenta «el rechazo creciente» que se percibe en las visitas de Felipe VI a esta comunidad autónoma, lo que atribuyen, en buena parte, a aquel contundente discurso del Rey en plena crisis por el referéndum ilegal del 1 de octubre. (La Razón)

«Hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo»; «La instrucción era no derivar a nadie a hospitales»; «Nos han prohibido llevar [a residentes] al hospital»; «Pedíamos mascarillas, pero nos decían que asustaban a los abuelos»; «El médico de la residencia explicaba que no eran necesarias porque iban a asustar a los abuelos»; «Estuvimos trabajando sin mascarilla, esparcimos el virus»... Son testimonios de trabajadores, auxiliares, enfermeros, residentes y familiares sobre el impacto y la situación vivida en las residencias desde marzo por la pandemia por el coronavirus. Experiencias y relatos que llevan a Amnistía Internacional a concluir tras meses de entrevistas con personal, residentes, familias o consejerías de Sanidad que en estos centros españoles se ha producido una «violación los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias», además de imponerse medidas «ineficaces». (El Mundo)

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno responderá «en tiempo y forma» a un requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le da diez días para identificar a los miembros del comité de expertos de la desescalada. Esta petición la realizó un abogado, pero no es la primera en la que el CTBG insta al Ministerio de Sanidad a dar esa información. De hecho, ABC ya ha ganado una en ese sentido y el plazo dado expiró el pasado 23 de noviembre sin que el departamento que encabeza Salvador Illa ofrezca información alguna. (ABC)

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, trata de relanzar la lucha contra el calentamiento en una jornada virtual convocada para el 12 de diciembre. “2021 tiene que ser el año de la reconciliación con la naturaleza”, afirma en una entrevista. “Estamos en guerra con la naturaleza y es una guerra suicida porque la naturaleza siempre responde y lo hace con una violencia creciente. Hay que hacer las paces entre la humanidad y la naturaleza”, añade. Guterres pide al G-20 que el enorme gasto movilizado para reactivar la economía tenga como prioridad la inclusión y la sostenibilidad. (El País)

El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas. (El Economista)

La Comunidad de Madrid exige a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pare el ataque fiscal contra Madrid que ha pactado con ERC, por el que se pretende imponer a Madrid una subida de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. En una carta a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, le “exige respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, a la autonomía financiera de la Comunidad, y a los ciudadanos de Madrid”. De no ser así, le advierte de que se opondrá a la imposición de subidas de impuestos “por todas las vías políticas y jurídicas” a su alcance. (Expansión)

Los sindicatos se perfilan como unos de los grandes ganadores de los Presupuestos Generales del Estado diseñados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El Congreso aprobó ayer una enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC que incluye aumentar en cinco millones de euros los fondos para subvencionar a las organizaciones sindicales. El montante extra se dividirá, según refleja el texto, entre los distintos sindicatos en función de la representatividad y el propósito al que deben destinarse estos fondos, según se especifica, a «actividades de carácter sindical». (ABC)

El Banco Central Europeo quiere disponer de nuevas referencias para las hipotecas por si hay problemas con el euríbor. El punto de partida es el ester (oficialmente €STR), el tipo de interés a corto plazo del euro creado para sustituir al eonia tras sufrir una serie de manipulaciones por parte de algunos bancos. Por ese motivo, y con el objetivo de lograr un índice más transparente, la metodología de cálculo del euríbor ya fue reformada. Pero el organismo que dirige Christine Lagarde ve necesario un plan B por si fuera preciso reemplazar al euríbor, en caso, por ejemplo, de que dejara de publicarse. (Cinco Días)

La banca española ha reducido su volumen de provisiones por primera vez desde el estallido de la pandemia, con el objetivo de mejorar sus cuentas de resultados, muy castigadas en los primeros meses del coronavirus. El sector ha disminuido el colchón de dotaciones en septiembre, en unos 600 millones de euros, una decisión que no ha pasado desapercibida por los supervisores. Tanto el BCE como el Banco de España ya han reclamado un mayor esfuerzo a finales de este ejercicio, con un aumento de los fondos, ante la más que probable subida de los impagos y del deterioro de los activos a lo largo de 2021 y 2022, sobre todo a raíz de la segunda oleada de contagios y restricciones. Los bancos acumulan en sus balances algo más de 102.000 millones para cubrir riesgos por su actividad en nuestro país. (El Economista)

El BCE está muy atento al destino que BBVA dará a los fondos que recibirá el banco tras la venta de su negocio en Estados Unidos. La entidad que preside Carlos Torres tenía previsto utilizar ese exceso de capital en la compra de Sabadell, pero al frustrarse esta operación el banco podría decidir aumentar sus inversiones en países emergentes como Turquía y México, donde ya está presente. El BCE le ha advertido que si elige esta opción tendrá que presentar un plan de contingencia al supervisor y, si éste no lo ve suficiente, podría incluso imponer al banco recargos de capital. (Expansión)

El área de Seguridad de BBVA, liderado por el ex comisario Julio Corrochano, manipuló un informe que recomendaba que el banco pagara los escoltas a Francisco González hasta cinco años después de que abandonara la presidencia de la entidad financiera, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En su declaración como testigo del 12 de noviembre, la que fuera secretaria de Corrochano entre 2002 y 2018, Elena M. Z., confirmó que Cenyt –la empresa del comisario José Manuel Villarejo– modificó en enero de 2017 un informe sobre la supuesta amenaza que suponía para González el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien en ese momento se encontraba en prisión. (La Razón)

La oferta de Blas Herrero por los medios de comunicación de Prisa no surgió de un arrebato inversor de este empresario, «el mayor de la radio en este país y el único con una televisión», apunta el creador de Kiss FM. El mayor accionista de Prisa, que abarca marcas como El País y la Ser, habría animado a Herrero a desembarcar en el grupo, tal y como revela éste a EL MUNDO. «Fue Joseph Oughourlian, de Amber Capital, quien a través de un banco de inversión me llamó para preguntarme si me interesaba entrar en Prisa». Ayer, el Consejo de Administración de Duro Felguera estudiaba otra de sus ofertas. (El Mundo)

Ferrovial vuelve a la carga en Francia para hacerse con uno de los aeropuertos más importantes del país, el de Nantes-Atlantique. El grupo español, según informan fuentes del mercado a elEconomista, se disputa con el gigante galo Vinci la ampliación y explotación de la infraestructura en una concesión que tiene un valor estimado de entre 5.000 millones y más de 7.000 millones de euros y que también abarca la operación del Aeropuerto de Saint-Nazaire-Montoir, focalizado en el transporte de mercancías. (El Economista)

El lunes Dia anunció una reestructuración de la deuda, alargando los vencimientos del crédito sindicado de 900 millones hasta 2025, al tiempo que LetterOne, que controla el 74,81%, capitalizará otros 500 millones más del pasivo. Stephen DuCharme, presidente ejecutivo del grupo, asegura que se ha logrado pasar de una estructura de capital sólida a otra óptima. (El Economista)

No todo en las telecomunicaciones españolas es el desarrollo del 5G. Ni todas las novedades van a proceder de las redes móviles. Las redes fijas van a ser protagonistas, también, de una importante evolución en los próximos años, con el despliegue de nuevas tecnologías revolucionarias que, al igual que ocurre con el 5G con respecto a la generación anterior, el 4G, incrementarán notablemente la velocidad de servicio que se prestará a hogares y, sobre todo, a empresas. (Expansión)

Federico Guillén (Nokia): “La subasta de 5G debe equilibrar ingresos e inversión”. El español Federico Guillén apura los días de 2020 como presidente de operaciones de clientes para EMEA y APAC en Nokia antes de asumir el próximo 1 de enero su cargo de presidente de la unidad de negocio de redes IP y ópticas, redes fijas y cable submarino del gigante finlandés. Bajo su batuta estará la segunda unidad por facturación (ingresa unos 7.000 millones de euros anuales) del grupo, que acaba de anunciar un nuevo modelo operativo para competir con Ericsson y Huawei, mientras la compañía reconoce que enfrenta un desafiante 2021, destacando la necesidad de invertir más fondos en I+D en 5G. (Cinco Días)

El sector aéreo no está para hacer estimaciones ni a corto ni a largo plazo, y grandes aerolíneas se inclinan por demandar al Ministerio de Transportes que renuncie en 2021 a la aprobación del segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2). En él debe fijarse la senda tarifaria de Aena para el periodo 2022 y 2026 a partir de sus inversiones, tráfico y costes esperados. Desde el sector va a defenderse, según distintas fuentes consultadas, la prórroga del primer DORA. (Cinco Días)

La caída en bolsa que sufre Meliá este año sitúa su capitalización por debajo del umbral que se exige para estar en el Ibex 35, sin embargo, su volumen de negociación podría ser el factor que le permita quedarse en el índice en la revisión del 9 de diciembre. Entre las candidatas a sustituirla, Sacyr, Fluidra y Logista son las mejor posicionadas, aunque su entrada quizás se retrase a otra reunión. (El Economista)

Mientras sigue abierto el proceso para que la entidad financiera pública catalana obtenga ficha bancaria, el Institut Català de Finances (ICF) acaba de registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas las denominaciones Banc Públic de Catalunya y Banc d’Inversions de Catalunya, según consta en la web del organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Fuentes del ICF explicaron que el registro de las marcas denominativas Banc Públic de Catalunya y Banca d’Inversions de Catalunya constituye “un puro trámite” ante la eventualidad de que la entidad pueda obtener la ficha bancaria que busca desde hace años. (Expansión)

La Generalitat copa el 30% de todos los fondos de liquidez a las comunidades autónomas desde el año 2012. La Comunidad de Madrid, descalificada como «paraíso fiscal» por ERC y Montero, sólo recibe un 1,4% del total. (El Mundo)