Sidenor, la empresa que preside José Antonio Jainaga (quien también es ahora presidente y accionista de Talgo, con una participación del 7,8%), se ha vuelto a poner bajo lupa al personarse la Policía Nacional en su sede situada en Basauri (Vizcaya).
Los agentes han acudido por orden de la Audiencia Nacional para pedir documentación y datos sobre la causa judicial que investiga si la siderúrgica vasca incurrió en un delito de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al vender acero al fabricante de armas Israel Military Industries (IMI). Dicha causa está bajo secreto de sumario y la investigación se inició por parte de la Audiencia Nacional a finales del pasado octubre y desde entonces, el juez instructor, Francisco de Jorge, amplió las diligencias e incluso tomó declaración al propio Jainaga y a otros dos directivos de la siderúrgica en el Juzgado de Instrucción número 1.
En su declaración ante el juez, Jainaga negó haber hecho contrabando con la venta de acero a Israel y defendió que la siderúrgica había cumplido la normativa vigente. En la misma línea se pronunciaron los otros dos directivos que declararon, subrayando que el acero iba destinado a una compañía que “fabrica de forma exclusiva tecnología militar”.
Este martes, fuentes policiales y del Gobierno han referido que la actuación de los agentes en la sede, en Basauri, no debe interpretarse como un registro, sino como una diligencia para solicitar documentación y datos. Asimismo, se ha destacado que la siderúrgica ha colaborado con las autoridades al facilitar la información requerida. Cabe recordar que la investigación tiene su origen en una denuncia de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y busca averiguar si Sidenor vendió acero a IMI sin la autorización del Gobierno y si lo hizo presuntamente con pleno conocimiento de que se destinaría a producir armamento.
