La decisión de la americana Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña marca indefectiblemente la semana de las empresas, por la bravata en sí -es una empresa con beneficios- y por la situación de debilidad en la que deja al Gobierno Sánchez. Es un precedente alarmante, además, de una tendencia: la huida de las multinacionales, con razones no aclaradas suficientemente, energéticas o corporativas.

El trasfondo real es el mismo en todos los casos: no manda tanto la cuenta de resultados como el imperativo de la reducción de costes, para arañar así una mayor rentabilidad, con expedientes de empleo, deslocalizaciones o cierres.

Alcoa se queja, como Cemex, del sobrecoste energético, pero es la que más ayudas ha recibido

Curioso, en cualquier caso, que la decisión de Alcoa llegue poco después de la eólica danesa Vestas, el primer fabricante, con su fuga de León. Alegó el recorte del negocio y la demanda, un gesto insólito contra una ministra como Teresa Ribera al frente de Transición Ecológica y que lo da todo por las energías verdes, después de recibir millones de euros en subvenciones durante años.

El caso se repite también en Alcoa, agraciada desde hace mucho tiempo con subastas de energía a su medida para fabricar aluminio (subastas de interrumpibilidad). En concreto, ha recibido el 30% de las compensaciones a las industrias electro-intensiva por ese concepto desde 2014 (500 millones).

Pero, ojo, ni son los únicos casos dentro de una tendencia creciente, frente a hechos aislados, anteriormente, como el cierre de la planta de Miranda de Ebro de Siemens Gamesa (no se atrevió con una reestructuración similar en el País Vasco y Navarra) o el cierre de La Naval de Sestao.

Afecta la escalada de precios de la luz… y la inestabilidad de un Ejecutivo con 84 diputados   

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), la patronal de la industria electro-intensiva, lanzó recientemente un duro comunicado (en el documento adjunto) en el que alertaba del peligro de la escalada de precios eléctricos.  En AEGE está Alcoa, junto a otras como ArcelorMittal, Sidenor, Aceninox, Ercros o Ferroatlántica.

La patronal informaba, en concreto, que el coste del suministro eléctrico puede llegar a suponer hasta un 50% de los costes de producción, un sobrecoste equivalente a 450 millones, un 30%, respecto a Alemania. Pedía por ello “un cambio de modelo que iguale las condiciones del suministro eléctrico en España a las de Alemania o Francia” y lanzaba una enmienda a la totalidad de Teresa Ribera.

¿Se está planteando la ministra de verdad, en esas condiciones, cerrar las centrales nucleares? Cubren el 20% de la demanda y no emiten CO2, cuyos derechos han sido uno de las principales causas del encarecimiento de la luz.

La patronal de la industria electro-intensiva pide un cambio de modelo porque paga un 30% más que en Alemania

Los precios de las energía, por tanto, son un problema, qué duda cabe, que tiene Teresa Ribera, pero no el único. Se los reparte a partes iguales con la titular de Industria, Reyes Maroto, que se propone aumentar el peso del sector industrial del 16,4% del PIB actual hasta el 20% en 2020, pero esa meta se complica esencialmente si las multinacionales inician una desbandada.

Son las dos ministras que se incorporan al gabinete de crisis para tratar de contener a Alcoa, porque no le convencen sus razones, coordinados con los gobiernos regionales de Galicia y Asturias, las comunidades directamente afectadas. Se reunirán el martes con la multinacional, mientras se han tirado los trastos entre ellos para encontrar un culpable. A lo peor se ven como en el caso de Vestas, mientras el Gobierno central y el de Castilla y León siguen buscando un socio inversor que evite la liquidación de la planta.

La fuga de empresas compromete el objetivo para que la industria salte del 16,4 al 20% del PIB en 2020

Ejemplos de esta semana, además de Alcoa. La cementera mexicana Cemex ha anunciado que pliega sus plantas de Almería y Baleares, dos de las siete que tiene en España, por la regulación europea del CO2 que entra en vigor dentro de dos años y que provoca un sobrecoste energético (en torno al 20%).

La italiana Coopbox, dedicada al envases de plástico, por su parte, despedirá a la mitad de las plantillas en las fábricas de Lorca y Alcalá de Henares.

Y ojo, porque lo mismo podría pasar en el sector del automóvil si Ford cierra la fábrica en Almussafes (Valencia), un icono. Esta semana se ha negado a garantizar la continuidad de esa planta.

Ribera, más cuestionada por el cierre de la nuclear, y Maroto, de mal en peor, sigue buscando un recambio a Vestas

¿Cuántos puestos de trabajo están juego si se cumplen los peores pronósticos? Esa es la pregunta del millón y ayuda poco, ciertamente, la inestabilidad política del Gobierno Sánchez, coaligado con Podemos -izquierda de la izquierda- y los nacionalistas (de derechas, centro o izquierda) para sostenerse en Moncloa con 84 escaños.

La traducción de esos peajes está en medidas inciertas que afectan a demasiados frentes, inciertos -fiscalidad de las empresas, IRPF, costes laborales, salario mínimo, energía, descarbonización, Seguridad Social, tributación directa e indirecta-, que se amontonan con otras razones sobre las mesas de las multinacionales para decidir las deslocalizaciones.