La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un negocio cautivo, pues se obliga a que todo vehículo la pase y a medida que este va cumpliendo años el control técnico se realiza cada menos tiempo (cada cinco, dos, un año o incluso dos veces al año). Y el trámite no es barato -en turismos suele costar entre 20 y 50 euros, dependiendo la autonomía y el tipo de motor-. Un negocio que se privatizó en 1997 y en algunas ocasiones recayó en amigos o afines de gobiernos... y que ahora emprende el camino contrario y vuelve a manos públicas.

Al menos, por ahora, la ‘nacionalización’ de la ITV empieza en la Generalitat Valenciana. Allí hubo un caso de presunta corrupción por presunto cobro de comisiones en el proceso de privatización que salpicó al exministro pepero y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, quien ha pedido su absolución. Entre el 22 de febrero y el 3 de marzo se rescindirán los contratos de las ITV de la región (unas 25), algo que afectará, entre otras compañías, a Applus+ (dueña de siete en dicha autonomía), y ya habido queja de la asociación de las empresas concesionarias pronosticando una situación de “caos” y “colapso”. Mientras, el gerente de la Sociedad Valencia de ITV, Josep Albert Quilis, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, pues la gestión directa del servicio supondrá “reducción de tarifas”, según informa Nius.

Paralelamente, se han conocido los resultados de Applus+ en 2022, que fue un buen año, pese a la elevada inflación (sobre todo en el coste de la energía), las medidas Covid en China y la finalización de un importante contrato. Su beneficio neto se ha disparado un 50,8%, a 48,6 millones de euros; y el resultado bruto de explotación (ebitda) ha crecido un 14,2%, a 40,5 millones. Por su parte, los ingresos han ascendido a casi 2.050 millones (+15,4%) gracias a la aportación de sus cuatro divisiones y al reposicionamiento hacia mercados más atractivos. Al hilo de la ‘nacionalización’ de la ITV, cabe referir que hace poco más de un año Applus+ notificó la continuidad de la concesión en Galicia hasta 2027. Además, en octubre de 2020, extendió su concesión en Aragón hasta diciembre de 2030, gracias a la ampliación por diez años del contrato que estaba en vigor.