La deuda pública española ronda los 1,69 billones de euros y lleva muchos años por encima del 100 por 100 del PIB, muy lejos del umbral del 60% que marca Europa. Hasta el Banco de España, ahora gobernado por el exministro José Luis Escrivá, ha alertado de la situación.
“La reducción del endeudamiento público en España, y también en el conjunto del área del euro, afronta desafíos importantes. Su evolución está sujeta a riesgos al alza vinculados al envejecimiento de la población y las necesidades de gasto para la transformación digital, el cambio climático y la defensa”, afirma el BdE en el Informe de Estabilidad Financiera de Otoño, publicado este jueves.
Y continúa: “Así, es necesario adoptar medidas concretas de control del gasto y/o amento de los ingresos. El Plan Fiscal y Estructural de Medio y Largo Plazo (PFEMLP) presentado por España a finales de 2024 carece de esta concreción. Asimismo, la ausencia de presupuestos del Estado limita la capacidad gubernamental de adoptar medidas más específicas”, concluye.
En otras palabras, que hay que reducir el apalancamiento público -y esto lo digo yo- preferiblemente reduciendo el gasto, no aumentando los ingresos, es decir, subiendo los impuestos.
El otro asunto que ha acaparado la presentación del informe ha sido la vivienda. Podemos respirar tranquilos: “Hoy por hoy no hay signos de burbuja”, afirmó Daniel Pérez Cid, director general de Estabilidad Financiera del Banco de España. No hay signos como los de 2008 y, además, los precios de la vivienda están todavía un 18% por debajo de los alcanzados antes de aquella crisis.
El problema actual de la vivienda es que hay mucha demanda y poca oferta. No hay que intervenir los precios, ni sancionar a los propietarios que no alquilan, ni expropiar viviendas a los grandes tenedores. Lo que tienen que hacer las Administraciones Públicas es favorecer la construcción de viviendas, cuanta más, mejor. Y no especular con el suelo.
