Las cifras del acuerdo entre el Gobierno socialista de Madrid y el Gobierno socialista de Cataluña sobre financiación singular, has sido rechazadas hasta por los independentistas catalanes de Junts y de ERC, que ya es decir. A partir de ahora, Cataluña contará con lo más cercano a una Hacienda propia, al tiempo que recaudará el 100 por 100 del IRPF.

La traducción del acuerdo entre Moncloa y la Generalitat, entre Pedro Sánchez y Salvador Illa, que a Puigdemont y a Junqueras les parece insuficiente, lo explica como nadie la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque se le entiende todo: que Sánchez les da a los indepes 25.000 millones de euros, pero que ellos están descontentos porque querían  57.000 millones. 

Ahora bien, Marisu Montero insiste en que los catalanes no se verán más beneficiados que el resto. Los socialistas asturianos liderados por Adrián Barbón, y el manchego Emiliano García-Page no le creen, pero es que son poco solidarios. 

Resulta curioso porque ahora no son personas poco solidarias o ultras como Ayuso, sino los inspectores de Hacienda los que han puesto el grito en el cielo por el acuerdo del Gobierno. 

"Ante la incompetencia manifiesta de la dirección del Ministerio en no aplicar la legalidad ni proteger a sus funcionarios exigimos la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", ha reclamado Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en una rueda de prensa de urgencia.

Junto con José María Peláez y Antonio Morales, De la Herrán ha presentado un nuevo documento de IHE, Nuevos pasos hacia la independencia fiscal de Cataluña, en el que advierten de que el acuerdo de Marisu y Sánchez con los catalanes "dinamita nuestro sistema tributario", además perjudicará a los contribuyentes en los servicios que ahora presta la Agencia Tributaria (AEAT), a lo que hay que sumar que el resto de CCAA dispondrían de menos ingresos para financiar los servicios públicos y que, si se extendiera al resto de CCAA, el Estado desaparecería.

"Es la primera vez que pedimos la dimisión del ministro, pero es que estamos en una situación gravísima, sin precedentes", ha insistido De la Herrán. "Llevo cuarenta años en la AEAT y no he asistido a una situación tan grave como la actual. El inicio de la voladura de los principios constitucionales", ha trasladado Peláez.

Los inspectores de Hacienda denuncian que ni a ellos ni a sus compañeros de Cataluña se les ha explicado nada sobre el acuerdo, pese a que el pasado diciembre se reunieron con el secretario de Estado de Hecienda, Jesús Gascón, al que han vuelto a pedir otro encuentro de urgencia. Así, aseguran que el Gobierno "no ha escuchado a expertos ni técnicos" para realizar un acuerdo que tachan de "confuso y contradictorio", que es a la vez una declaración de intenciones "muy preocupante" para la eficacia y eficiencia de la Administración tributaria" y con "efectos muy negativos para la lucha contra el fraude".

Por último han tachado de "imposible" la recaudación del 100% del IRPF porque la Agencia Tributaria de Cataluña no está preparada.