Ha sido una semana chispeante, en la que el futuro energético de nuestro país ha entrado de lleno en la campaña electoral de cara al 23-J -y eso que esta no empieza oficialmente hasta el próximo 7 de julio-. Y a lo que se ha oído desde algunos partidos, se suman las peticiones de empresas gasistas, petroleras y eólicas, que se han quejado de algunos aspectos de la política energética de Teresa Ribera y a las que ni gusta del todo ni convence el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se ha enviado a Bruselas, y cuya consulta pública se ha abierto hasta el próximo 4 de septiembre.

A comienzos de semana, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP tenían más certeza sobre el futuro nuclear español, pues el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso revertir los cierres y prorrogar la vida útil. Eso sí, para ello, el primer paso es ganar en la cita con las urnas y también lograr llegar a La Moncloa. Una propuesta que no gustó nada a la vicepresidenta ecológica, la socialista Teresa Ribera, y volvió a quedar clara su caradura al mantener los cierres nucleares... porque ninguna energética ha pedido una central nueva. No contenta con mantener los cierres de los cuatro primeros reactores entre 2027 y 2030, en la ‘entrevista’ con su jefe, Pedro Sánchez, se atrevió a decir que dicha prórroga “no es viable económicamente” y que su coste “recaerá en los presupuestos públicos o en los consumidores”.

Sedigas considera que falta la ambición necesaria para aprovechar todo el potencial en biometano que tiene España y critica que sólo se recoja una meta de 20 teravatios hora anuales de biogás, lo que supone menos de un 2% de biometano para sustituir la demanda de gas, mientras Bruselas recomienda un 13%

En paralelo, se han celebrado algunas asambleas anuales de patronales del sector energético o que se han visto especialmente afectadas por el alto coste de la energía. La Asociación Española del Gas (Sedigas) exigió al Gobierno una adecuada retribución para los ciclos combinados, actualizar objetivos de gases renovables y un marco regulatorio estable, pero unos días después recibió su primera decepción con el borrador de la actualización del PNIEC. Sedigas considera que falta la ambición necesaria para aprovechar todo el potencial en biometano que tiene España, una tecnología madura con la que estima que se podría cubrir el 45% de la demanda de gas, y critica que sólo se recoja una meta de 20 teravatios hora (TWh) anuales de biogás, lo que supone menos de un 2% de biometano para sustituir la demanda de gas y muy por debajo de lo que recomendaba la Comisión Europea (un porcentaje de sustitución del 13% al producir 4.100 metros cúbicos de biometano). Eso sí, al mismo tiempo, ha visto positivo que se mantenga la misma potencia de ciclos combinados de gas (26,6 gigavatios -GW-) y la relevancia que se da al corredor del hidrógeno H2Med… y eso que el hidrógeno verde aún no es rentable.

En el congreso de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se alertó de que la electrificación de la economía “no está avanzando al ritmo necesario” para que pueda acompañar a los objetivos renovables del PNIEC. Su presidente, Juan Diego Díaz, advirtió de una bajada de la demanda eléctrica, lo que supone un riesgo porque el desarrollo de las renovables debe “ser obligatoriamente soportado por una demanda eléctrica acorde, en dimensión y plazos”. Es verdad que a la AEE le gusta que el borrador de actualización del PNIEC haya ampliado los objetivos renovables, pero insiste en que es necesario agilizar la tramitación de los proyectos. 

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) alertó de que la electrificación de la economía “no está avanzando al ritmo necesario” para que pueda acompañar a los objetivos renovables

Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productores Petrolíferos (AOP) -que está integrada por BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras- ha lanzado sus propuestas a los partidos de cara al 23-J. Principalmente, piden que no se discrimine ninguna tecnología capaz de reducir las emisiones de CO2 en favor de otras, es decir, que las políticas públicas en materia de energía se rijan por el principio de neutralidad tecnológica y que está también se refleje en la política fiscal (por ejemplo, la Unión Europea debería permitir a los Estados miembros que apliquen tipos impositivos reducidos o exenciones a los ecocombustibles -es decir, biocombustibles (los generados a partir de residuos agrarios y forestales, de la industria agroalimentaria, sólidos urbanos y plásticos, y aceite de cocina usado) y combustibles sintéticos (también llamados e-fuels, y que se producen combinando CO2 capturado e hidrógeno verde, y se consideran climáticamente neutrales porque sólo emiten el CO2 capturado con anterioridad)-. Asimismo, la AOP defiende un marco regulatorio estable y predecible, que incentive el desarrollo de tecnologías neutras en carbono, y que se derogue el impuesto extraordinario a las energéticas que grava sobre sus ingresos. 

Combustibles sintéticos y biocombustibles

En paralelo, la AOP es una de las muchas asociaciones que forman parte de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles que ha lanzado un manifiesto ante las elecciones generales del 23-J, en el que piden la inclusión de los ecocombustibles en el diseño del futuro energético y apuesten por estos para descarbonizar la economía. La Plataforma está compuesta por 28 asociaciones que representan a más de 348.000 empresas de todo tipo y autónomos (las cuales generan más de 5,7 millones de empleos directos, indirectos e inducidos) y recuerda que los ecocombustibles son importantes para mantener el empleo y la actividad económica de sus sectores. Asimismo, subrayan que estos permiten una descarbonización inmediata de todos los vehículos o flotas existentes (más del 99% son de motor de combustión), son muy relevantes para sectores o industrias difíciles de electrificar o no tienen otra alternativa a corto plazo. Además, han pedido que en las mediciones netas del CO2 se tenga en cuenta todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde la obtención de la materia prima hasta su uso y posterior reciclaje. 

Y como guinda al pastel energético de la semana, Ribera ha señalado: “Entendiendo que la dicotomía sostenibilidad-rentabilidad no existe. Es imposible que ningún negocio sea rentable si no es sostenible. Y es imposible que ningún negocio sostenible no sea rentable”. ¿En serio? Las renovables nos han costado y nos seguirán costando muchísimo dinero a los españoles en suubvenciones (a las que se suma el déficit de tarifa que generó Zapatero con sus generosísimas primas a las renovables y que aún tardaremos años en pagar, y que incluye el abono de intereses) y el hidrógeno verde aún no es rentable, por ejemplo. Por el contrario, las nucleares españolas son viables y aún proporcionarían una energía más barata si no estuvieran asfixiadas por impuestos.