La ministra de Hacienda y ahora vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero -llámeme Marisu- reclama ahora casi 1.000 millones de euros al Santander de Ana Botín por créditos fiscales mál utilizados, referidos a los 4.400 millones de euros en créditos fiscales que el Santander obtuvo al hacerse con el Popular por 1 euro.

El regalo del Popular al Santander se perpetró la noche del 6 al 7 de junio de 2017. No sólo se quedó con la mejor red de sucursales por un euro sino que además, el Santander invertió 4.400 millones de euros.

Me explico: los créditos fiscales consisten en que las pérdidas de hoy se convierten en desgravaciones de beneficio mañana. ¿Y si no se tienen ganancias para compensar? Pues tras una reforma en la que tuvo mucho que ver el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, los créditos fiscales podrían aprovecharse... con ganancias o sin ellas.

Pues bien, el Santander se apuntó en las cuentas de su ejercicio 2017, en el que había incurrido en pérdidas, entre otras cosas para forzar una ampliación de capital, 995 millones en créditos fiscales. Además, el Popular no era insolvente, que es la cuestión de fondo, aunque se trate de otra cuestión y no debería haber entrado en juego el mecanismo del crédito fiscal.

En cualquier caso, Hacienda le exige que devuelve esos casi 1.000 millones de euros. Es más, la vicepresidente Marisu no contenta con que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) haya dado la razón al Santander, ha judicializado el caso, llevándolo a la Audiencia Nacional. ¿Significa esto que el Gobierno se dispone a modificar la normativa Guindos sobre créditos fiscales? Pues eso dicen en Hacienda, en seguimiento del pensamiento sanchista: si quieres bien gobernar ni un euro -de impuestos- dejes escapar.

Ojo, que quedarían pendientes de litigio otros 3.500 millones de euros.    

Ahora bien, lo jocoso del caso Popular se sigue juzgando en el juicio -seis años y medio de instrucción- que se sigue en el mismo organismo, la Audiencia Nacional contra el equipo directivo de Ángel Ron y contra el de Emilio Saracho, comparando los sueldos de ambos, hemos dicho en Hispanidad, se explica todo muy bien pero....

Lo dicho: José Luis Calama es el juez tranquilo de la Audiencia Nacional. Seis años lleva instruyendo el caso Banco Popular en la Audiencia Nacional y se supone que antes de marzo firmará con el auto de transformación a juicio oral que dará por terminada la instrucción. Pues bien, Jesús Santos, el abogado de Emilio Saracho, antiguo jefe de Antonio Romeral, fiscal del caso Popular, asegura, antes de conocer el auto de Calama, que su cliente, Saracho saldrá indemne. Además, con exquisita elegancia, el ex fiscal ofrece sus servicios al resto de investigados, para el juicio oral. Es decir, salva a su cliente y declara imputados a Angel Ron y compañía pero les ofrece sus servicios, que no en vano figura como directivo del despacho Baker Mckenzie.

Curioso.