Lo del programa antifragmentación que anunció el BCE hace una semana es de mucha risa, no porque el tema sea gracioso, que no lo es, sino porque, en el fondo, se trata de blanquear la irresponsabilidad de los gobiernos que, como el de Pedro Sánchez, se han endeudado hasta las cachas.

Así, Luis de Guindos habló este miércoles de luchar contra la “fragmentación indeseada”, como si la fragmentación -las divergencias de las primas de riesgo- hubiese sido deseada en algún momento en la Unión Europea. Pero es evidente que, de cara a la imagen de los gobernantes, viste mucho más hablar así que de irresponsabilidad económica.

El caso es que una semana después de anunciar un instrumento extraordinario para impedir que la deuda de España e Italia se dispare con la inevitable subida de tipos, el BCE aún no sabe en qué consistirá y, lo más importante, si obligará a los países que lo utilicen a cumplir ciertas condiciones. “Todavía no hemos discutido en el Consejo las características de este nuevo programa”, afirmó el vicepresidente del BCE durante el curso ‘Sosteniblidad y digitalización: las palancas de la recuperación’, organizado por la APIE.

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Unos minutos después, en el mismo foro, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo lo mismo: en el último Eurogrupo no se habló de condicionalidad.

¿Qué está pasando? Lo más probable es que países como Alemania o Países Bajos, se hayan opuesto a poner en marcha el programa sin exigir condiciones. Porque lo de blanquear la irresponsabilidad de Sánchez está muy bien de puertas adentro, pero en Europa no cuela. Si hay que ‘rescatar’ la deuda española habrá que exigir ciertas condiciones. Al fin y al cabo, es dar un trato de favor y una discriminación para los gobiernos más responsables con el dinero público. En cualquier caso, el programa que se pondrá en marcha no es comparable al de 2012 que finalmente nadie solicitó.