Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), fue protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia bancaria europea
Antes incluso de que se vislumbre el final del caso Popular, Ana Botín ha solicitado limitar la responsabilidad penal y legal de los bancos que compren entidades en resolución, como fue la del Popular por parte del Santander. Por cierto, hasta ahora el único caso.
En una entrevista publicada en el boletín de supervisión del BCE, la presidenta del Santander reconoce, no obstante, que el sistema se puede “refinar”. “Creo que la forma en que los instrumentos MREL desarrollados por las filiales pueden acabar siendo descontados de las matrices no tiene sentido. También necesitamos encontrar una forma de establecer objetivos de desarrollo de capacidad total de absorción de pérdidas para subsidiarias en países emergentes que reflejen los plazos de implementación más largos establecidos en los enfoques del Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales", ha afirmado.
Más interesante resulta su petición de contar con un respaldo de liquidez como el del Reino Unido o el de Estados Unidos, precisamente cuando uno de los argumentos utilizados para justificar la resolución del Popu fue la falta de liquidez a pesar de los mecanismos previstos por el BCE para dotar de liquidez a las entidades en momentos de dificultad.
El modelo europeo de resolución bancaria no vale para nada. No basta con refinarlo, ni mucho menos con limitar la responsabilidad penal y legal de los compradores. Hay que eliminar el modelo actual y diseñar otro completamente distinto
En definitiva, la presidenta del Santander no va al fondo de la cuestión, esto es, que el modelo europeo de resolución bancaria no vale para nada. No basta con refinarlo, ni mucho menos con limitar la responsabilidad penal y legal de los compradores. Hay que eliminar el modelo actual y diseñar otro completamente distinto.
¿Qué sentido tiene mantener un sistema que permite la resolución de una entidad solvente, con un valor en bolsa de 1.300 millones y un valor patrimonial de 11.000 millones -según los peritos del Banco de España-, en el momento de la resolución y venta por un euro?
Y la prueba de que el modelo no sirve es que, tras el Popular, no solo no ha habido más casos sino que el de la entidad española está inmerso en una maraña legal que tardará años en resolverse.
No hay que limitar la responsabilidad penal de los bancos que compren entidades en resolución, sino cambiar el modelo de resolución. Además, si el modelo es el adecuado, ¿por qué habría que limitar la responsabilidad del comprador?