La crisis de vivienda sigue ahí, la oferta es mínima ante una demanda disparada, los principales promotores del país alertan y descartan la corrección significativa de los precios a corto plazo, algo que seguirá dificultando el acceso a una casa, especialmente entre los jóvenes. Además, la liberalización de suelo queda como la única solución posible. La cosa no va bien ni para el alquiler, que ha caído un 20%, ni para la compra, con precios completamente disparados. Hace 10 años el español aspiraba a un piso en propiedad. Con Sánchez se conforma con un piso en alquiler: ahora empieza generalizarse el arriendo de una habitación, convivir con cuatro desconocidos, con los que compartir baño y cocina.

Según Isabel Rodríguez, con cargo de ministro de Vivienda, su Ley de Vivienda es todo un éxito, igual que el cambio de modelo de liberalizar suelo a topes de precios. Aunque la realidad parece distinta, los topes no sirven, y la única solución pasa por liberalizar suelo y construir. 

Y ojo, porque en estos días quien ha criticado el problema es un excompañero de Gobierno de Isa, José Luis Escrivá, a través del Banco de España, desde donde asegura que la vivienda es un "enorme problema social y económico". En su informe anual advierte que el esfuerzo económico que tienen que hacer los hogares para comprar ha crecido un 80% más que en promedio europeo desde 1980. 

La ratio en España ha subido hasta situarse en 188,6 puntos en 2025 frente a la media de la Eurozona de 110 puntos o el caso de Alemania, donde el esfuerzo se ha conseguido reducir hasta los 60,7 puntos.

Traducido: en España, los precios de la vivienda han crecido mucho más de lo que lo ha hecho la renta disponible de los hogares. Pero es que para rematar la jugada llega el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez, autor del libro Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España y nos dice que la vivienda soporta en nuestro país una elevada carga fiscal a lo largo de todo su ciclo económico.

Menéndez tasa que, entre las fases de adquisición, tenencia y transmisión, el comprador puede pagar más del 62% del precio de compra en impuestos. Según el estudio, España es el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre la vivienda, únicamente por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica.