La intención del Gobierno era que el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Congreso se celebrara en julio. Pero ya saben, Junts se está haciendo el duro, a lo que hay que sumar la oposición total de Vox, Junts y el PP.
Las tres formaciones se acogen al rechazo de la Ley por parte de la Patronal: invasión de competencias en el diálogo social, el perjuicio a las pymes y al empleo son algunos de los argumentos por los que están en contra de la reducción.
Pero según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz no era el momento y creía que el debate debía darse en las mejores condiciones posibles. Traducido: sabía que si se debatía y se votaba, se tumba, porque no cuenta con los apoyos suficientes.
Pero siempre hay un roto para un descosido, así, Asturias, con su presidente socialista Adrián Barbón, ha sacado a licitación la contratación de una consulta externa que elabore un estudio sobre el efecto que tendría una jornada laboral de 32 horas semanales en el marco de una prueba piloto.
La licitación es sobre un "servicio de asistencia para la elaboración de un estudio comparativo de otros proyectos similares en otras comunidades autónomas y regiones europeas para fomentar la implantación de la jornada laboral de 32 horas semanales en empresas, administraciones y organismos públicos", por el módico precio de 16.862,30 euros.
De momento es una prueba piloto pero las empresas privadas podrían sumarse de forma voluntaria. Barbón, curioso por naturaleza, quiere analizar los datos globales con el objetivo de “conocer qué sectores de las empresas asturianas podrían implantarla, es decir, en qué sectores sería factible y podrían estar más interesados”. Aunque ojo, porque no se define si la nueva semana laboral implicaría una reducción salarial o una variación de la jornada diaria... como se entere Yoli, la tenemos.
