Este viernes, se ha presentado el Plan Moves III, una nueva edición del plan de ayudas para comprar vehículos de cero y bajas emisiones e instalar infraestructuras de recarga. Sin embargo, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha limitado a hablar de coches eléctricos, mientras la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se ha referido a los electrificados (lo que incluye a eléctricos e híbridos) y UGT no ha olvidado los modelos de combustión. Todo muy claro.

Ribera anda feliz desde que el pasado jueves, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso aprobara la ley de Cambio Climático, que ahora pasará al Congreso. Una norma que, entre otros aspectos, incluye poner fin a la venta de coches de gasolina y diesel, que no estén destinados a usos comerciales, en 2040. La vicepresidenta cuarta aspira a que haya “ciudades libres de esas boinas grises” y a que haya al menos 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga en 2023, aunque no ha perdido la ocasión de aludir a la recomendación de ir a pie o en bici en las ciudades, si se puede.

 La vicepresidenta cuarta aspira a que haya “ciudades libres de esas boinas grises” y a que haya al menos 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga en 2023

Para ello el Plan Moves III cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, ampliable a 800 millones, cuadruplicando la dotación de la convocatoria anterior, y el Departamento de Ribera estima que pueda contribuir con más de 2.900 millones al PIB y generar más de 40.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor. Este programa dará ayudas de un máximo de 7.000 euros para la compra de un coche eléctrico y de 1.300 euros para una moto eléctrica si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad, pero si no lo hace, el máximo será de 4.500. La ayuda en el caso de furgonetas eléctricas llegará hasta 9.000 euros si se achatarra un vehículo o hasta los 7.000 si no se hace. Además, en este Moves hay mayores cuantías para los autónomos (taxis y VTC) que compren el vehículo eléctrico para trabajar y las personas de movilidad reducida, y se incluye un extra para la instalación de infraestructuras de recarga en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El presidente de Anfac y de Ifema, director mundial de Fabricaciones de Renault y su máximo responsable en España y Portugal, José Vicente de los Mozos, ha aplaudido el Moves III porque “impulsará la demanda del vehículo electrificado, contribuyendo a la descarbonización y al avance en la transición hacia la nueva movilidad”. Anfac estima que así las ventas de vehículos electrificados crezcan un 75% este año, hasta superar las 70.000 unidades, en un mercado de matriculaciones a la baja. De los Mozos ha destacado que España “es un referente industrial en la producción de vehículos tradicionales y ha de posicionarse también a la cabeza en cuanto a vehículos electrificados (hace unas semanas han llegado buenas noticias de Seat, Renault y Ford). La industria está preparada, tenemos los modelos en el mercado y, por ello, toda herramienta, como el Plan Moves, que implique la recuperación de la demanda, que la haga más fuerte e impulse las nuevas tecnologías debe ser impulsada”.

 De los Mozos (Renault, Anfac e Ifema) destaca que España es un referente industrial en la producción de vehículos tradicionales y ha de posicionarse también a la cabeza en cuanto a vehículos electrificados

Por su parte, Pedro Hojas, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, ha echado en falta que las ayudas al coche eléctrico no hayan incluido también la compra de nuevos vehículos de combustión, muchos de los cuales se producen en nuestras fábricas, ya que ahora son mucho más eficientes que antes y “con un plan de estas características, que incluyese el achatarramiento de vehículos, se contribuiría a la renovación del parque automovilístico y a la reducción de emisiones por la eficiencia de los nuevos motores”. Además, ha subrayado que la transición hacia el nuevo modelo “tiene que llevarse a cabo de una forma ordenada y justa para no dejar a nadie atrás”, porque “dependiendo de la forma en que se lleve a cabo puede dar lugar a importantes pérdidas de empleo y de tejido industrial”, y no se puede olvidar que el sector del automóvil da empleo a casi dos millones de personas en nuestro país.