A la ONU le parece poco que el aborto sea libre hasta el mismo momento del parto. Quiere más. Por eso, pretende convertirlo, no en un derecho, sino en algo obligatorio que se debe cumplir bajo pena de sanción o, incluso, de cárcel. De hecho, Naciones Unidas, a través de sus múltiples brazos, ya habla abiertamente de suprimir la objeción de conciencia de médicos y sanitarios que se niegan a matar a un niño por el simple hecho de que aún no ha salido del seno materno.

En este contexto, según C-Fam, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) publicó en diciembre un documento orientativo sobre la manera de aplicar los derechos humanos a la planificación familiar y la salud materna, es decir, al aborto (ver documento al final). En ese trabajo, la UNFPA, además, habla de nuevos “derechos humanos”, descubiertos por varios organismos de la ONU.

La introducción nos da una pista: “De particular importancia son las reformas que promueven la igualdad de género y los derechos de la mujer, y contribuir a que las mujeres tengan un mayor control sobre sus propios cuerpos y vidas”, señala.

Y más adelante, la UNFPA admite que de lo que se trata es de “acelerar los compromisos de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo) en el Decenio de Acción para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Y para que no quede ninguna duda, el punto cuarto del documento trata sobre las claves de los derechos humanos en los servicios de contracepción, en la salud maternal y en la violencia de género.

Conviene aclarar, como nos recuerda C-Fam, que el aborto nunca ha sido un derecho humano internacional y que ni el UNFPA ni otros organismos de Naciones Unidas tienen el poder de convertirlo en un derecho. La estrategia de la ONU es más sibilina y consiste en insinuar constantemente que sí existe tal derecho, y hacerlo a través de los tratados y los organismos como, por ejemplo, el UNFPA o la OMS.