Lo que era un caso para discernir las posibles responsabilidades de los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, se ha convertido en una causa general contra el Banco Central Europeo y la JUR, de Elke König, que fue quien ejecutó la intervención.

El Juez José Luis Calama se pregunta cómo un banco intervenido ha recibido un análisis de los inspectores-peritos del Banco de España según el cual la entidad, que valía 1.300 millones de euros, era solvente y viable.

 Así que se ha dado la vuelta y se ha dicho: ¿para qué más declaraciones de los intervenidos? Ahora los que tienen que venir son los interventores.

Un giro copernicano que, además, se une a otro de los virajes de la justicia en el Caso Popular: Saracho, el hombre que cobró 8 millones de euros por cuatro meses de trabajo consistente en hundir la entidad, y del que se sabe que filtraba a la prensa noticias nocivas para su propio banco, ya no es tan interesante como máximo regidor de la entidad sino como necesario conocedor de cuál era el verdadero proyecto con el que Saracho llegó al Popular. ¿Se trataba de vender a bajo precio a un postor oculto y ya acordado de antemano?