Caso Dina. El magistrado de la Audiencia Nacional, García-Castellón, ha remitido al Tribunal Supremo al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina. Ya saben el líder podemita está aforado y sólo el Tribunal Supremo puede juzgarle.

El juez García-Castellón habla de denuncia falsa y simulación de delito (entre seis meses y dos años de cárcel), Revelación de secretos (entre 1 y 4 años) y robo y/o daños informáticos (entre 3 y 6 años de cárcel). (VER AUTO ADJUNTO)

Claro que todo esto sólo es teoría o que eso sólo es teoría pero a esta alturas sólo así se puede describir el horizonte penal al que se enfrenta el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión.

Es el caso Dina que quizás resulte más complicado que complejo. Se hace necesario dar un repaso en Román paladino. El asunto consiste en que, presuntamente, Pablo Iglesias mantuvo relaciones íntimas con su joven asesora de prensa, Dina Bousselhan. Presuntamente, el teléfono de Dina grabó imágenes y palabras de carácter íntimo que, miren por donde acabó en manos de Pablo Iglesias al que le fueron entregadas por un editor, Antonio Asensio, expresidente de Zeta y por el director de Interviú, Alberto Pozas. Este último, miren por dónde, sería el número dos del secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, es decir, de Miguel Ángel Oliver. Por cierto, Pozas se vio obligado a dimitir y marcharse de Moncloa por este asunto.

Total, que el teléfono de Dina cae en manos de Pablo Iglesias que, para proteger a la joven -es hombre sensible y nada machista-, lo retiene durante seis meses y luego, presuntamente para que no se hable más del asunto, le nombra directora de un periódico podemita.

Y como aparece por allí Villarejo, Iglesias , presuntamente, se inventa que “las cloacas del Estado me persiguen” y para no ser acusado se convierte en acusador. Presuntamente, García-Castellón se cansa de que le tomen el pelo y le pasa de acusador a acusado. Digamos que Iglesias había inventado el nuevo modelo de denuncia: la denuncia preventiva.

Y así, llega el momento en que García-Castellón considera que Iglesias tiene encima los precitados y muy presuntos delitos (los delitos no son presuntos pero dejemos eso) y le envía al Tribunal Supremo que es el que puede condenarlo.

Podemos tampoco debe preocuparse. Ahora tendrá que incoar la petición el fiscal Luis Navajas, del Tribunal Supremo

De todas maneras, en Podemos deberían estar tranquilos. Tras arrearle la conveniente ración de palos al magistrado (Pablo Echenique ya ha empezado) el asunto caería en manos del fiscal Luis Navajas. Sí, el mismo que se fue a Onda Cero para acusar a su compañera, Consuelo Madrigal, fiscal del Procés, de presionarle contra el Gobierno, al tiempo que cantaba las excelencias de su jefa la fiscal general del Estado y exministra de Justicia de Sánchez, doña Dolores Delgado.

Ni Sánchez ha pensado en cesar a Pablo Iglesias, ni Pablo Iglesias ha pensado en dimitir ni es posible que se llegue a una condena. A fin de cuentas, los hay que reniegan de la rijosidad y la chulería de Turrión -ambas presuntas- mientras otros le aplauden y jalean por esas mismas y excelsas condiciones. Para unos son vicios pero para muchos son virtudes.

Eso sí, muy al quite, el alcalde de Madrid y portavoz del PP, Martínez Almeida le ha recordado a Iglesias el puritano código ético de Podemos: imputación es igual a dimisión.

¿A que no?