El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto admitir este miércoles a trámite el recurso de inconstitucional promovido por 52 diputados de Vox contra el decreto del estado de alarma. Según informan fuentes del tribunal de garantías a EL MUNDO, el asunto, de máxima relevancia, se ha incluido en el orden del día del pleno que preside el magistrado Juan José González Rivas.

En el recurso, la formación de Santiago Abascal denuncia que el Gobierno ha adoptado medidas vulneradoras de derechos fundamentales de los ciudadanos. La ponencia de la futura sentencia ha correspondido al magistrado progresista Fernando Valdés, explica el mismo medio.

Por otro lado, el pleno también admitirá este miércoles a trámite los recursos de inconstitucionalidad de Vox y el PP contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020 que permite al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), añade El Mundo.

Vox presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella criminal por prevaricación, malversación y fraude contra los responsables de las compras sanitarias del Gobierno

Además, Vox presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella criminal por prevaricación, malversación y fraude contra los responsables de las compras sanitarias del Gobierno.

En concreto, contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF) por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude, informó el partido político en su web oficial.

En la querella presentada, esta formación destaca que a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Coronavirus, se han celebrado una serie de contratos “de la forma más irregular”, puesto que no se justifica la contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector. Además, sin la publicidad oportuna.

La formación explica que justificada por los motivos de urgencia, la regulación aplicable rebaja las exigencias de la contratación en régimen ordinario, pero no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad en la contratación pudiendo incurrir en los ilícitos penales que Vox denuncia.