En las 585 páginas que ocupa el acuerdo de divorcio o Brexit negociado entre Londres y Bruselas la palabra Gibraltar aparece mencionada 30 veces. El grueso está en un protocolo de ocho páginas y seis artículos que aparca las desavenencias entorno a la soberanía del Peñón y que establece las bases de la cooperación administrativa que ambos territorios deberán mantener en asuntos como los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca, la cooperación policial y aduanera, publica El Periódico.

Según el protocolo, España y el Reino Unido deberán crear tres comités de coordinación conjuntos. El primero de ellos en el ámbito de los derechos de los ciudadanos como foro de debate regular para supervisar todas las cuestiones relacionadas con el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores fronterizos, que residen en Gibraltar o en los pueblos del Campo de Gibraltar. El intercambio de información en este terreno deberá ser trimestral.

Según el protocolo, España y el Reino Unido deberán crear tres comités de coordinación conjuntos

El segundo comité coordinador, al que podrán asistir representantes europeos, será para abordar todas las disputas en materia de gestión de residuos, calidad del aire, pesca o cooperación científica. Y, el tercero, sobre cooperación policial y aduanas. Todos ellos deberán informar a un comité especial encargado de supervisar la aplicación del protocolo y los posibles problemas que puedan surgir.

En los dos asuntos más espinosos, la fiscalidad y el estatus del aeropuerto los avances no son muchos. El protocolo señala que Londres y Madrid deberán establecer "formas de cooperación" para lograr "una transparencia total" en materia fiscal y proteger sus respectivos intereses financieros mediante un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude, el tráfico y el blanqueo de dinero y resolver las disputas sobre residencia tributaria.

Al protocolo le acompañarán varios memorándums que deben estar cerrados este mes de noviembre

El Peñón deberá adaptar su normativa a los estándares de la OCDE sobre buena gobernanza, pero sin fechas. El único plazo límite recogido en el texto es el 30 de junio de 2020. Para entonces, Gibraltar deberá disponer de un sistema de trazabilidad y medidas de seguridad para combatir el contrabando de tabaco y Reino Unido tendrá que garantizar su puesta en marcha.

En cuanto al uso del aeropuerto, el protocolo establece que la legislación europea no se aplicará al Peñón antes del 30 de marzo de 2019 y que solo comenzará a aplicarse una vez que España y Reino Unido comuniquen que han alcanzado “un acuerdo satisfactorio”. Al protocolo, de carácter vinculante y válido durante el período transitorio del Brexit, le acompañarán varios memorándums que deben estar cerrados este mes de noviembre –todavía no han sido publicados– y que desarrollan en detalle los capítulos mencionados.

En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez ha perdido una oportunidad histórica para lograr la soberanía de Gibraltar, o al menos, la cosoberanía. Margallo dixit.