Novedades en torno al caso de Mónica Oltra. Según Libertad Digital, la defensa de la exvicepresidenta valenciana puede haber cometido un grave problema durante la tramitación de este caso. El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, mantuvo abierta una pieza secreta en la causa que afectaba a la exconsejera valenciana de Compromís. Todo ello, en relación con varios delitos derivados del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada de 14 años.

La Policía llevó a cabo una de las órdenes dictadas por el juez: la entrada en la sede de la que fuera la Consejería de Oltra en las fechas del abuso sexual – porque era la consejería responsable de esos centros de menores–. Y allí encontró las dos instrucciones que obligaban a Oltra a dar credibilidad a la menor abusada y actuar de inmediato, justo lo contrario de lo que ocurrió.

Continúa el mismo medio explicando cómo la defensa de Oltra había esgrimido que no existían esos protocolos de actuación. Y no sólo existían, sino que fueron encontrados en la propia sede de la entonces consejera Oltra.

Todo se descubrió en un registro de la Consejería en cuestión. La diligencia fue acordada después de que la asociación GOBIERNA-TE, cuya querella originó la causa, presentara un escrito solicitando una serie de actuaciones.

Los agentes registraron las dependencias durante más de ocho horas recabando toda la información solicitada por el Juzgado. Principalmente, la documentación original referida a la menor y las comunicaciones telemáticas contenidas en los servidores de la Administración durante todo el año 2017. Y allí aparecieron las dos circulares que obligaban a Oltra a hacer lo que no hizo. A dar credibilidad desde el minuto uno a la menor abusada por su entonces marido y a activar todo un protocolo de comunicación interna de lo ocurrido a las autoridades para zanjar de inmediato todo peligro de continuidad en los abusos. 

Pero dos textos tumban esa versión por completo y acorralan ahora a Oltra. Una instrucción era del 12 de julio de 2004 y la otra del 30 de mayo de 2013. Ambas estaban obviamente en vigor. Porque la menor denunció los abusos en el año 2017. La primera de las instrucciones procedía de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones. Y no podía ser más directa: "Instrucciones relativas a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros residenciales de protección de menores de la Comunidad Valenciana", se titulaba el documento.

Y, en esos casos, la instrucción señala con rotundidad que "la Consejería de Bienestar Social, como órgano de la administración de la Generalitat Valenciana que tiene atribuidas las competencias en materia de protección de menores, le corresponde el ejercicio de las funciones inherentes de protección de los menores cuya guarda y tutela haya asumido, así como el control y supervisión del funcionamiento de los centros de protección de menores que actúan en el ámbito de la Comunidad Valenciana, debiendo en este sentido estar siempre puntualmente informada de cualquier incidente de importancia que afecte al menor, a su personal o al centro".

La segunda instrucción encontrada en la sede era de 30 de mayo de 2013. Procedía de la Dirección del Menor. Y blindaba el procedimiento dejando constancia de la necesaria "Información a la Dirección General del Menor: La Dirección Territorial de Bienestar Social de forma inmediata a recibir la información del hecho o incidencia producido.

En esta segunda instrucción, la inclusión del caso de abusos del entonces marido de Mónica Oltra aún era aún más expresa: exigía la comunicación inmediata en "hechos en que los menores residentes o usuarios del servicio puedan ser tanto sujetos pasivos, víctimas de accidentes graves, delitos o faltas graves, o sujetos activos autores de agresiones o incidentes graves".

Pero, según la 'buenísima' Mónica, -la misma a la que recientemente han defendido, por ejemplo, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy y, la que fuera la lideresa de 'A festa dos callos' (de la que Oltra formó parte en un principio), como lo hemos denominado en Hispanidad, Yolanda Díaz-, no tenía que hacer otra cosa que lo que hizo.

 

Por cierto, en relación al caso Oltra, ka comunicadora e influencer Cristina Seguí afronta desde este lunes 2 de marzo una petición de cuatro años y seis meses de prisión en un procedimiento penal derivado de sus publicaciones en 2022 sobre un expediente de protección de menores en la Comunidad Valenciana. El trasfondo del proceso se remonta a enero de 2018, cuando una bebé fue retirada a su familia biológica por decisión de la entonces Consejería de Igualdad, dirigida por Oltra. A partir de ese momento se inició una prolongada batalla judicial entre la familia biológica, la administración autonómica y los acogedores.