Un inmigrante turco condenado por violación recibirá una indemnización tras haber convencido a un tribunal británico de que la tobillera electrónica que debía portar le provocó un fuerte desgaste emocional. Así lo determinó recientemente el juez del Tribunal Superior, Justice Lavender, al considerar que el dispositivo le generaba un «sufrimiento físico y psicológico» debido a su peso y molestias constantes. Ahora, los abogados del caso participarán en el proceso para fijar cuál sería la «compensación adecuada».
Recoge La Gaceta que el fallo llega en un momento especialmente controvertido, ya que pocos días después de esta resolución judicial el propio Mustafa Taskiran, de 48 años, reconoció haber acosado a una mujer y haberla amenazado con un cuchillo. Su trayectoria delictiva no es nueva: desde que obtuvo el permiso de residencia indefinida en el Reino Unido en 1994, acumuló 54 delitos en una década. Aun así, esquivó un intento de deportación en el año 2009.
La indemnización ha desatado críticas feroces desde la oposición. El secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, lamentó el veredicto y afirmó que la opinión pública «no siente ninguna simpatía» por la supuesta depresión del agresor. Según Jenrick, el sistema permite que delincuentes extranjeros bloqueen su deportación invocando argumentos de derechos humanos.
¿Y si hubiera ocurrido en España, con la polémica en torno al mal funcionamiento de los dispositivos para proteger a las víctimas de maltrato, cómo lo habría afrontado la ministra Ana Redondo? Nos arriesgamos a dar una respuesta: todo sería un bulo.
