El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más Bolivia en proceso de integración- ha sido presentado como un hito estratégico: uno de los mayores tratados comerciales jamás suscritos por ambas regiones. Para buena parte de la industria europea, el acceso preferencial a un mercado de más de 260 millones de consumidores supone una oportunidad evidente. Sin embargo, cuando se analiza el impacto sobre el sector agrario, el debate cambia de naturaleza.

Conviene empezar por despejar un equívoco. El problema no es el comercio internacional en sí. España, por historia y estructura económica, es una nación abierta. El intercambio ha sido motor de prosperidad. La cuestión es otra, más técnica y menos ideológica: ¿puede hablarse de libre competencia cuando las condiciones regulatorias que soportan los productores no son equivalentes? En la Unión Europea, la actividad agraria está sujeta a un entramado normativo cada vez más exigente. La Política Agraria Común (PAC) ha incorporado obligaciones medioambientales crecientes; el Pacto Verde Europeo y la estrategia «De la Granja a la Mesa» han restringido el uso de determinados fertilizantes y fitosanitarios; se han endurecido los estándares en bienestar animal, trazabilidad, emisiones y prácticas de cultivo.

¿Puede hablarse de libre competencia cuando las condiciones regulatorias que soportan los productores no son equivalentes?

Estos objetivos pueden ser legítimos. Pero no son económicamente neutros. Reducen rendimientos, incrementan costes y exigen inversiones adicionales en certificaciones y adaptación tecnológica. A ello se suman mayores costes laborales, energéticos y administrativos. El agricultor europeo compite por tanto, en un entorno de alta regulación. Si simultáneamente se permite la entrada de productos procedentes de terceros países que no están sujetos a estándares equivalentes, el diferencial de precio no refleja necesariamente mayor eficiencia productiva, sino menor carga normativa.

Aquí emerge el núcleo del debate. La libre competencia exige igualdad de reglas. El libre comercio no puede reducirse a la mera eliminación de aranceles si las condiciones de producción son radicalmente distintas. De lo contrario, el mercado deja de premiar la eficiencia y comienza a premiar la menor regulación. El acuerdo con Mercosur contempla contingentes significativos de carne bovina, aves, azúcar o etanol. Son sectores sensibles para varias economías europeas, incluida la española. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿cómo compaginar la exigencia interna de estándares elevados con la importación de productos generados bajo marcos regulatorios menos estrictos?

Algunos defensores del tratado señalan la existencia de cláusulas de salvaguarda. En teoría, estos mecanismos permiten reintroducir aranceles o limitar importaciones si se demuestra que un aumento de entradas causa daño grave a un sector europeo. Funcionan como una red de seguridad. Sin embargo, su eficacia real es limitada. No son automáticas. Exigen demostrar el daño, aportar estudios técnicos, atravesar procedimientos administrativos complejos y lograr consenso político entre Estados miembros con intereses divergentes. Cuando finalmente se activan, el deterioro en precios y rentas ya suele haberse producido. Además, su aplicación es temporal.

Pero cuando los productores compiten bajo reglas regulatorias radicalmente distintas, el mercado deja de premiar la eficiencia y comienza a premiar la menor exigencia. El verdadero debate no es comercial, sino de coherencia económica

Desde el punto de vista económico, la salvaguarda es un instrumento reactivo. No corrige la asimetría estructural de costes; solo intenta mitigar sus efectos cuando estos ya son visibles. Sirve como amortiguador político, pero no como solución de fondo. Más relevante resulta el debate sobre las llamadas «cláusulas espejo»: exigir que los productos importados cumplan estándares equivalentes en materia fitosanitaria, ambiental y de bienestar animal. Esta sería la verdadera garantía de competencia simétrica. Si Europa considera que determinadas sustancias o prácticas son perjudiciales, la coherencia económica exigiría que no aceptara productos elaborados mediante esas mismas prácticas.

El obstáculo es jurídico y comercial. La aplicación estricta de estándares equivalentes para productos importados, puede generar fricciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ser interpretada como proteccionismo encubierto. Pero la cuestión sustantiva permanece: ¿es sostenible un modelo en el que la regulación interna encarece la producción propia mientras se permite competir a productos sometidos a menores exigencias?

A ello se añade una dimensión estratégica. Las crisis recientes han puesto de relieve la fragilidad de las cadenas de suministro globales. La seguridad alimentaria y la resiliencia productiva han dejado de ser conceptos abstractos. Reducir progresivamente la capacidad productiva interna puede generar dependencias difíciles de revertir en momentos de tensión internacional. España ocupa una posición ambivalente. Es potencia agroalimentaria exportadora en determinados segmentos —aceite de oliva, frutas, porcino—, pero vulnerable en otros como el vacuno o algunos cultivos extensivos. El impacto del acuerdo no será homogéneo. Habrá sectores beneficiados y otros sometidos a intensa presión en precios.

Sin embargo, el campo no es únicamente una variable macroeconómica. Vertebra territorio, sostiene empleo rural y contribuye a la cohesión social. La pérdida de rentabilidad tiene implicaciones demográficas y territoriales que van más allá de la contabilidad nacional. En última instancia, el debate sobre Mercosur no debería reducirse a una dicotomía simplista entre proteccionismo y apertura. El comercio es deseable cuando se basa en reglas claras y simétricas. Lo que resulta problemático es la coexistencia de alta regulación interna y baja exigencia externa.

Si la Unión Europea opta por un modelo productivo más regulado y ambientalmente exigente, debe asumir la coherencia de esa decisión. O bien traslada esa exigencia a las importaciones mediante mecanismos efectivos de equivalencia, o bien acepta que sus productores competirán con desventaja estructural dentro de su propio mercado, o bien prima fiscalmente las rentas agrarias como compensación a la posición de desventaja del agro español y europeo que representa un 4% de la población europea. La permanente y secular supeditación del sector primario a la industria, debe estabilizarse el políticas menos desiguales, porque cuando las reglas no son iguales, competir deja de ser verdaderamente libre.