Lo último en el caso Juana Rivas, del que hablábamos ayer en Hispanidad, es que su equipo jurídico ha remitido un escrito al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el que le insta a que, como "autoridad central española", intervenga para evitar el próximo viernes la entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980.

Y es que el ministro Bolaños se pronunciaba así, nada más y nada menos que en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de hace unos días: "La imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo". En una línea similar a la de su compañera, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

 

Por cierto, hablando de Juan Rivas: si Bolaños se enternece al ver la niño llorar, a algunos se nos hiela la sangre al contemplar a Paca Granados, asesora áulica de esta 'madre protectora' -según Irene Montero-promocionada por RTVE, utilizando a un chaval de 11 años para que grite que no quiere irse con su padre. Es horrible que se maltrate a un niño; es horrible que se utilice a un niño.

Ante tal espectáculo mediático, a la hora de entregar Juana Rivas al niño a su padre, que tiene su custodia, la juez celebraba un encuentro con los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas y con la Fiscalía para abordar cómo se hará el viernes la entrega, que en esta ocasión deberá ser privada y con la única asistencia de los progenitores para evitar al niño "exposiciones innecesarias" como la vivida ayer, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

A este respecto, explica en Economist & Jurist, Carmen Varela, socia directora de Carmen Varela, Abogados de Familia, que "La defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres víctimas de violencia es una causa que comparto y defiendo en mi día a día en el ejercicio de mi profesión. Pero esa defensa debe hacerse desde el respeto institucional, promoviendo reformas legislativas cuando sea necesario, y no mediante declaraciones que puedan interpretarse como presión política sobre jueces y magistrados". 

Me surgen varias preguntas, continúa esta letrada:

  1. Dado que la ministra de Infancia se ha desplazado a Granada para reunirse con el hijo de Juana Rivas (tarea que habitualmente corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía), como abogada de Familia me pregunto si hará lo mismo con todos los niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones complejas relacionadas con conflictos de lealtades o presunta manipulación por parte de alguno de sus progenitores.
  2. ¿A partir de ahora, el Tribunal Constitucional resolverá en un plazo de 24 horas las solicitudes de suspensión cautelar de regímenes de estancia presentadas en casos de riesgo grave?
  3. ¿Se programarán vistas en tres días para decidir sobre el cumplimiento de una resolución judicial extranjera?
  4. ¿El ministro Félix Bolaños suspenderá los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) obligatorios, como ha solicitado la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia), debido a los perjuicios que causan en procesos con menores?

En este contexto, conviene recordar que la función de los jueces es juzgar y ejecutar lo juzgado. Y eso es precisamente lo que debe hacerse con la sentencia firme dictada por los tribunales italianos, que es directamente ejecutiva en España.