Exponía Serafín Giraldo, Inspector Jefe de la Policía Nacional, que "Lo de los antecedentes es un auténtico cachondeo (...) si no sabemos quiénes son, cómo vamos a saber si los tienen".

En la misma línea, Jucil exige a interior que impida la regularización de inmigrantes mediante "declaraciones responsables" de antecedentes penales. 

Gracias al Real Decreto del Gobierno Sánchez para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una "declaración responsable" de inexistencia de antecedentes penales. Para Jucil y el resto de firmantes (Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos), este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.

Las asociaciones advierten de que esta medida "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad". Asimismo, señalan que es una "puerta abierta" para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países.

En el documento remitido, las asociaciones solicitan formalmente que el Ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. Jucil y el resto de colectivos defienden que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores.