Como se recordará, la reforma de la ‘ley de Seguridad Ciudadana’ --bautizada como ley Mordaza por la ultraizquierda-- que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy para proteger a los agentes del orden -policías y guardias civiles- de las humillaciones a los que les sometían los perroflautas de turno finalmente no salió adelante en la pasada legislatura por desavenencias entre los partidos izquierdistas.

Dicha ley trataba de mantener el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). Pero parece que ni tan siquiera esa ley está protegiendo a los agentes de sufrir una "desmedida escalada" de agresiones y desobediencia, según ha denunciado en un comunicado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Y es que, según datos difundidos en las últimas horas, policías y guardias civiles sufren cada día 35 agresiones físicas en sus intervenciones. Y además, de 1.000 agresiones contra agentes solo se han producido 33 condenas, según ha denunciado el inspector de la Policía Nacional José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), en 'El programa del verano' en Telecinco.

En concreto, la nota de prensa del SUP dice así: 

"El Sindicato Unificado de Policía ha tratado por activa y por pasiva de poner freno a esta desmedida escalada de agresiones y desobediencia nunca antes vista. Pide endurecer las penas por este delito y recuperar el principio de autoridad.

No puede salir gratis un delito que hasta 1995 se castigaba con penas de 6 años de prisión y que en la actualidad se puede cometer sin llegar a sufrir ningún tipo de consecuencia, ni tan siquiera la más ínfima de las medidas cautelares.

Es vergonzoso que el colectivo de funcionarios públicos que más expuesto se ve a este tipo de delito sea el más desprotegido, mientras jueces y políticos están más protegidos, siendo residual el número de ataques frente a las apabullantes cifras de las FFCCSE.

De poco nos han servido las reiteradas peticiones al ministro Marlaska y con tal motivo el pasado julio recurrimos con carácter urgente a la ministra de Justicia (Pilar Llop) que nos respondía hace unos días devolviéndonos a la casilla de salida y remitiéndonos a Marlaska nuevamente.

Creemos que ha llegado el momento de movilizar a todas las policías del Estado frente a esta lacra de desobediencia y agresiones que se extiende como la pólvora por todo nuestro territorio y que terminará causando alguna desgracia.

Estamos sometidos a una lupa que nos acusa de pusilánimes o asesinos según sean nuestras intervenciones en vía pública bajo el objetivo de los móviles que nos graban y difunden. Caldo de cultivo también para que algunos lo conviertan en su nuevo deporte de riesgo". 

 

Entre esas agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está la ocurrida en Guardamar del Segura (Alicante).