La Generalitat de Cataluña, a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), impuso una multa de 10.001 euros (la mínima prevista por la ley) a una agencia inmobiliaria de Mataró, en Barcelona, por discriminación en el acceso a la vivienda por motivos «étnico-raciales». El perjudicado era un hombre de origen marroquí, residente en esa ciudad, con más de 20 años en España.

En enero de 2024 solicitó visitar un piso en alquiler, pero la agencia le dijo que ya estaba arrendado. Para probar la discriminación que sospechaba, un compañero de trabajo con nombre catalán hizo la misma consulta y a él sí que le dieron cita. Recoge Ok diario que, cuando Hamid, que así se llama el marroquí en cuestión, acudió a la visita, el administrador admitió que los propietarios no querían alquilar a personas de su país de origen. A partir de aquí, Hamid denunció a 13 agencias en total por prácticas similares, aunque muchas se archivaron por cuestiones de burocracia o de prescripción. Pero la denuncia de Mataró avanzó gracias al apoyo del Observatorio DESCA y SOS Racismo, y se ha resuelto ahora en 2026 como infracción grave bajo la Ley 19/2020 catalana de igualdad de trato y no discriminación. Además de la multa, la agencia no podrá recibir ayudas públicas ni contratar con la Generalitat durante un año.

A este respecto, Vox denuncia que "En una población de 130.000 habitantes, solo hay 40 pisos en alquiler disponibles y solo 3 por debajo de los 1.000 euros. Miles de catalanes no encuentran piso, pero para el Partido Socialista el problema solo lo tiene un marroquí".