Recientemente informábamos en Hispanidad sobre el avance de la islamización en Cataluña: sin música y sin bailar en el cole, durante el Ramadán... por si se ofende tu 'compa' musulmán.

Otra muestra más de la islamización que avanza en España la encontramos en Castilla y León donde funcionarios de prisiones denuncian que "Más del 70% de internos piden menú halal en Ramadán". Pues, en estas fechas también estamos en Cuaresma... ¿y si a los presos católicos también les da por reclamar una alimentación adaptada a sus creencias?

Según los funcionarios varias cárceles de la comunidad viven una situación cada vez más tensa por la elevada presencia de internos extranjeros y por la falta de medios y de reformas legales que, a su juicio, dejan a los trabajadores penitenciarios en una posición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el sindicato, en algunas cárceles el interno tipo es actualmente un varón joven, de entre 20 y 24 años, sin vínculos familiares ni sociales en España. En la mayoría de centros la proporción de presos de origen extranjero superaría el 70% del total.

Uno de los ejemplos que citan es el centro penitenciario de Dueñas, en la provincia de Palencia. Allí, explican, hay en torno a 1.150 reclusos y la mayoría procede de entornos migratorios (hasta 800 solicitaron el menú halal). Una realidad que, según los funcionarios, también se repite en otros establecimientos de la región como la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, y la de Topas, en Salamanca.

Tal como recoge La Gaceta, más allá de la cuestión cultural o religiosa, el sindicato insiste en que el problema principal radica en la falta de arraigo de muchos de estos reclusos. Según su portavoz, se trata en gran parte de delincuentes condenados por delitos menores -principalmente robos con violencia, intimidación o agresiones- pero con un historial de reincidencia que dificulta su adaptación al entorno penitenciario.

Los funcionarios advierten además de que la situación podría agravarse con la entrada en vigor de nuevas reformas legales destinadas a endurecer la respuesta penal ante la multirreincidencia. A su juicio, estas medidas provocarán que más personas condenadas por pequeños delitos ingresen en prisión durante periodos cortos, aumentando todavía más la presión sobre centros que ya consideran saturados.

En paralelo, denuncian también que las agresiones verbales y físicas contra el personal son frecuentes. Aunque no hablan de violaciones como tal, sí reconocen que existen episodios de insultos, amenazas y forcejeos con connotaciones sexuales contra funcionarias. «Las agresiones verbales se producen todos los meses».