La Administración Biden ha presionado al pequeño país de Benín para que retire su nombre de la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento de la era Trump que explica que el aborto no es un derecho internacional, informa Friday Fax

La presión se produjo durante la reciente revisión del historial de derechos humanos de Benín en el marco del llamado Examen Periódico Universal, un evento en el que los gobiernos se critican mutuamente sobre las normas de derechos humanos establecidas. Se ha convertido en una vía utilizada por algunos países para promover el aborto y la agenda trans/homosexual.

La declaración de Estados Unidos, pronunciada por la embajadora Michèle Taylor, instaba a Benín a volver a comprometerse con la aplicación de acuerdos anteriores de la ONU, tales como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 y las “metas relacionadas con la salud y el género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y los compromisos contraídos por Benín en la Cumbre de Nairobi de 2019, con motivo del 25º aniversario de la CIPD.  A continuación, pidió a Benín que “se retractara de iniciativas conjuntas contradictorias como la Declaración del Consenso de Ginebra”.

La declaración, que actualmente cuenta con el apoyo de 37 países, fue lanzada por primera vez en 2020 y liderada por Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Donald Trump.  Una de las primeras medidas del actual presidente, Joe Biden, al asumir el cargo fue retirar a Estados Unidos de la declaración, recuerda Friday Fax. 

Si bien no es sorprendente que la administración de Biden, favorable al aborto, busque distanciarse de la Declaración del Consenso de Ginebra, la recomendación a Benín durante su turno en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) es digna de mención.

Valerie Huber, que fue Representante Especial para la Salud Mundial de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, declaró al Friday Fax: “Me parece asombroso que el Gobierno de Estados Unidos presione a un país soberano para que se retracte de la Declaración del Consenso de Ginebra, un acuerdo que afirma y cita el Programa de Acción de la CIPD y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es inexcusable utilizar la influencia del Gobierno de EE.UU. para impulsar agendas ideológicas bajo el falso disfraz de promover los derechos humanos.”

Me parece asombroso que el Gobierno de Estados Unidos presione a un país soberano para que se retracte de la Declaración del Consenso de Ginebra

Otros signatarios de la declaración también fueron examinados durante la sesión en curso del EPU, entre ellos Zambia y Guatemala, pero Estados Unidos no los presionó para que se retractaran en las declaraciones que les dirigió.  Es posible que se deba a que Benín liberalizó recientemente su legislación sobre el aborto para ampliar considerablemente los supuestos en los que está legalmente permitido.  Este hecho fue aplaudido por la división africana de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que afirmó que su filial en Benín “participó directamente en la defensa del cambio de la ley del aborto”.

La filial africana de la FIPF recibe financiación del gobierno de Estados Unidos a pesar de que la legislación estadounidense dicta que este dinero no puede utilizarse directamente para promover o practicar abortos, apunta Friday Fax. 

Aunque la decisión de Benín de liberalizar el aborto decepciona a los antiabortistas, se trata de la elección de un gobierno soberano, y no contradice el hecho de que el consenso internacional reconoce que las leyes sobre el aborto son competencia exclusiva de los países y no de los organismos internacionales.  Así se afirmó en la CIPD y se citó en la Declaración del Consenso de Ginebra.

Las recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal no son vinculantes, y está por ver si Benín “apoyará” o “tomará nota” de la petición de Estados Unidos cuando dé respuesta a todas las recomendaciones formuladas durante la sesión.

En cualquier caso, Friday Fax certifica en un análisis las presiones que ejerce la ONU para imponer sus resoluciones a los países miembros: por ejemplo, el aborto, bajo el eufemismo de “salud sexual y reproductiva”.