El Consejo de Ministros aprobó este lunes el proyecto de ley de protección animal, que pasará en los próximos meses al Congreso. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el Gobierno social-podemita dan un paso más en su plan de personificar a los animales y animalizar a las personas.

Primero, cómo no, los animales pasarán a ser ‘seres sintientes’ en la ley española y se considerará que "los animales son seres vivos dotados de sensibilidad". Además se prohíbe la venta en tiendas y se permite la retirada de un animal de compañía si el dueño no garantiza sus derechos y su desarrollo saludable, y se contemplan multas e incluso penas de cárcel.

Pero al Gobierno, que no le gusta castigar, sino enseñar, impone un curso para aprender cosas tan útiles como "qué come, cuántas veces hay que sacarlo a pasear o cuáles son los hábitos de vida" de un perro: "las personas titulares o responsables de los perros deberán haber realizado previamente un curso de formación acreditado para la tenencia de perros, cuyo contenido se determinará reglamentariamente".

La norma quiere tener maltrato, abandono y sacrificio cero, por lo que va a impedir que se sacrifiquen animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos: cabe preguntarse si será con aprobación del ser sintiente o con la vadilación del veterinario será suficiente. Se endurecen las penas de maltrato a través de la reforma del Código Penal y se incluyen en la norma "todos los animales vertebrados". En esta línea, los casos de maltrato que acaben con la muerte del animal conllevarán una condena más dura con penas de hasta 36 meses si concurre más de un agravante. La ley exige que todos los animales de compañía estén identificados y que la cría solo pueda hacerse mediante criadores registrados.

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Se prohíben los circos con animales salvajes, la cormelización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Los zoos y delfinarios se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas, y se prohibirá la utilización de animales en actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón, lo que supone otro peldaño en la futura prohibición de la tauromaquia. Además, queda prohibida su integración en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones donde se mantenga al animal inmovilizado.

Y como denunciamos en Hispanidad, la Reforma del Código Penal busca criminalizar a los cazadores, castigando con pena de cárcel de seis meses a dos años y medio a “quien maltrate a un animal vertebrado” y otorgando la protección con la que cuentan los animales domésticos a toda la fauna salvaje. Las leyes ecologistas ya han acabado con diferentes modalidades de caza tradicionales de España como la contrapasa, el silvestrismo y la caza de la tórtola y las prohibiciones continúan. El conejo, la perdiz roja y la codorniz gozan de la misma vulnerabilidad con la que se cataloga al lince ibérico. La cinegética, sustento del mundo rural, está en peligro con esta ley.

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Si miramos las sanciones, la norma distingue tres tipos diferentes: leves, graves y muy graves. En el caso de las infracciones leves, las multas oscilarán entre 600 y 30.000 euros, en las graves, entre 30.001 y 100.000 euros, y en las muy graves, 100.001 y 600.000 euros. Y se contemplan otras sanciones como la inhabilitación del propietario de la tenencia de animales "por un periodo máximo de cinco años para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves".

Según Belarra esta ley "nos hace más humanos", ¿a nosotros o a los animales? Con esta ley no se busca elevar al animal sino denigrar al hombre.