En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este fin de semana el inicio de la tramitación de una ley de amnistía general para los presos políticos, en lo que supone un nuevo paso hacia una supuesta transición a la democracia en el país hispano. 

 

 

La amnistía alcanzaría a todos los presos por motivos de conciencia desde el año 1999, año de la llegada al poder del dictador Hugo Chávez, ya fallecido. 

El objetivo del todavía régimen imperante, el chavista -aunque bajo la tutela de la Administración Trump- es que "sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo", y que la norma sirva para "reencauzar la justicia" en el país y "la convivencia entre los venezolanos".

Según algunas ONGs, todavía permanecen en la cárcel unos 700 presos políticos. Ayer, 1 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero:

En ese contexto, el cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Emérito de Caracas, explicó que el pasado 30 de enero le fue devuelto su pasaporte, que le había sido retirado por las autoridades del régimen. 

“Como ciudadano venezolano, ya tengo mi pasaporte”, escribió.  

El documento le fue arrebatado al cardenal el 10 de diciembre de 2025, por la policía migratoria venezolana, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando iba a viajara hacia Colombia. Algunos testigos aseguraron que el purpurado “fue sometido a un trato humillante”.