El Gobierno de República Dominicana ha decidido intensificar sus políticas migratorias, blindando su frontera con Haití y expulsando a los imigrantes haitianos. Según datos oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), en lo que va de 2025 el país ha deportado a unos 250.000 haitianos en situación irregular. A los que hay que sumar más de 100.000 que han decidido irse del país voluntariamente ante la presión gubernamental. Las autoridades insisten en que se trata de proteger la seguridad nacional, preservar la estabilidad social y frenar un flujo migratorio insostenible. El Ejecutivo dominicano, liderado por Luis Abinader, defiende que el país no puede absorber indefinidamente la llegada masiva de haitianos.
Y es que la situación en Haití, y llevamos así más de un año, está sobrepasada: violencia y colapso institucional denunciaba el presidente de transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante todos los líderes mundiales, pidió ayuda para luchar contra las pandillas que están generando el caos en el país: “Pedimos la solidaridad de toda la comunidad internacional, y en particular el compromiso de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para votar a favor de la resolución que establece una fuerza para reprimir a las pandillas”.
El mandatario agradeció especialmente al presidente Donald Trump y a Panamá por su apoyo en esta iniciativa, al tiempo que pidió la movilización de una fuerza poderosa, con un “mandato claro”, y los recursos necesarios para ganar la “guerra” contra los criminales que buscan imponer su violencia: “cada minuto perdido se traduce en vidas humanas perdidas”.
Si sale adelante el proyecto, se crearía la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), con autonomía ampliada para combatir la violencia pandillera, y se apostaría por la cooperación internacional para detener el flujo de armas y drogas hacia las pandillas. Como decimos, la violencia pandillera estalló a principios de 2024 y llevó a la dimisión del entonces primer ministro, Ariel Henry, y a la formación de un Consejo Presidencial de Transición. La nueva GSF podría desplegar hasta 5.500 efectivos para enfrentar a las pandillas.
En esta lucha, las autoridades de Estados Unidos han anunciado la detención de un importante empresario haitiano muy relacionado con las pandillas. Se trata de Dimitri Vorbe, detenido en Florida por "violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad" y "contribuir a la desestabilización de Haití". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha subrayado en un comunicado que "A partir de mi decisión como secretario de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional iniciará cargos para la expulsión contra este individuo", "Estas y otras acciones adoptadas contra los que desestabilizan Haití demuestran el firme compromiso de la Administración Trump a la hora de proteger al pueblo estadounidense, hacer avanzar nuestros intereses de seguridad nacional y promover la seguridad regional".
1.520 personas asesinadas y 609 heridas durante el segundo trimestre de 2025 y 90% de Puerto Príncipe controlado por las bandas, es el balance a pocos meses de unas elecciones aún sin fecha. Mientras, el país esta misma semana se ha vuelto a declarar en Estado de Emergencia. Y es que el pasado sábado 20 de septiembre, varios niños participaban en una fiesta de cumpleaños en la capital de Haití, cuando unos drones mataron a ocho de ellos: "Se vieron envueltos en la espiral de violencia entre bandas criminales".
Volviendo al comienzo, según explica el Gobierno dominicano, sin control, la presión migratoria amenaza la convivencia y los servicios básicos de los ciudadanos dominicanos y es que Haití ostenta el dudoso honor de ser la capital mundial del vudú, la brujería, el satanismo, y los dominicanos lo saben.
