
El origen de la crisis de criminalidad que asola EEUU tuvo su origen en 2020, y como protagonistas al movimiento marxista Black Lives Matter (BLM) y al grupo anarquista Antifa, que llenaron de terror las calles de EEUU y durante las elecciones presidenciales de ese año, ejercieron de guerrilla callejera contra el entonces presidente, Donald Trump, aupados bajo el manto del candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, y de su formación política, así como de la progresía mediática.
La estrategia de socavar a Trump fue un éxito para estos violentos grupos. Sin embargo, tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, tales radicales se convirtieron en los nuevos legisladores en la primera potencia mundial, y apadrinaron el movimiento “defund the police” (“retirar la financiación de la policía”) que logró que, las principales ciudades del país con ejecutivo demócrata adoptaran medidas para eliminar la dotación y recursos de las fuerzas y cuerpos policiales. Las funestas consecuencias de estas medidas por todos son conocidas, y la situación de descontrol se agravó durante los cuatro de presidencia de Joe Biden y vicepresidencia de Kamala Harris, uno de los peores legados del tándem progresista.
Aupado por su poderosa victoria en las presidenciales de noviembre del pasado año, erigido como el candidato de la ley y orden, el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, ha puesto el foco en volver a hacer de EEUU un país seguro, confrontando a los grupos criminales. La estrategia ha sido clara, dado que el foco de la delincuencia son las principales ciudades del país, feudos del Partido Demócrata.
La primera toma de control ha sido en la capital federal Washington DC, una de las más asoladas por el crimen, donde tras la decisión del presidente Trump de enviar a la Guardia Nacional, la situación ha mejorado notablemente.
Desde que Trump anunció la federalización del Departamento de Policía Metropolitana, la fiscal general, Pam Bondi, ha anunciado que se han producido centenares de arrestos, incluyendo sospechosos de homicidio, ladrones buscados y narcotraficantes, y se han incautado numerosas armas ilegales en operativos policiales realizados por el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para combatir la delincuencia en la capital.
Desde que Trump anunció la federalización del Departamento de Policía Metropolitana, la fiscal general, Pam Bondi, ha anunciado que se han producido centenares de arrestos, incluyendo sospechosos de homicidio, ladrones buscados y narcotraficantes, y se han incautado numerosas armas ilegales en operativos policiales
Unos datos que avala el Sindicato de la Policía de Washington D.C., que ha compartido datos que muestran importantes descensos en los robos de vehículos (83%), robos (46%) y delitos violentos en general (22%) desde que comenzó la intervención ordenada por Trump.
La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, demócrata, y el Consejo del Distrito de Columbia, compuesto casi en su totalidad por demócratas, se han pronunciado en contra de la decisión del presidente y han defendido que la delincuencia se encuentra en el nivel más bajo desde hace tres décadas.
Sin embargo, precisamente está siendo objeto de investigación cómo se manipularon los datos para tratar de justificar que la capital no requería una intervención del gobierno federal. Así, el director adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ofreció detalles acerca de cómo el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. falseaba los datos contables para argumentar que la delincuencia estaba "disminuyendo".
El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre la manipulación de las estadísticas de delincuencia, liderada por la fiscal federal Jeanine Pirro. Así, un comandante de policía de Washington D.C. está siendo investigado por presuntamente modificar las estadísticas de delincuencia de su distrito. Fuentes policiales afirman que los responsables del departamento manipulan los datos de delincuencia para que parezca que los delitos violentos han disminuido considerablemente en comparación con el año pasado, afirmación a la que como indicábamos, se agarran los principales líderes del Partido Demócrata para tratar de socavar la lucha contra el crimen de la Administración Trump-Vance.
Está siendo objeto de investigación cómo se manipularon los datos para tratar de justificar que la capital no requería una intervención del gobierno federal
No obstante, a la vista de lo ocurrido y de la inconsistencia del argumentario progresista, algunos estrategas están empezando a virar de posición. Así, el veterano estratega demócrata Mark Penn ha animado a los demócratas a colaborar con el presidente Trump y los republicanos en la lucha contra la delincuencia, analizando así la situación en la capital tras la intervención del presidente en una entrevista:
Presentador: “Veamos los resultados en Washington D.C. en las últimas dos semanas. Más de 1.000 arrestos, 115 armas ilegales incautadas, ocho pandilleros conocidos detenidos, dos niños desaparecidos recuperados, 49 campamentos desmantelados. “Miren estos resultados, aun así, los líderes demócratas, entre otros, el gobernador de California, Gavin Newsom, afirman que no quieren ayuda. La delincuencia está bien.
Mark Penn: Sí, bueno, recuerden, el FBI empezó a funcionar porque los estados y municipios no podían lidiar con la delincuencia. Esa es toda la historia de la intervención federal en la aplicación de la ley. Y no digo que los demócratas deban decir: «Bueno, envíen a la Guardia Nacional». Digo que los demócratas deberían haber respondido con firmeza y haber dicho: "Sí, trabajemos juntos, nos vemos en la Casa Blanca, veremos cómo podemos reducir estos asesinatos; las muertes por fentanilo son 50.000 al año". Ya saben, cómo lidiamos con ese problema, su conexión con la frontera, cómo encarcelamos a los criminales, porque un pequeño número de criminales comete muchos delitos. Pero simplemente no se escucha nada de eso. Me resulta realmente asombroso que simplemente le estén cediendo todo el asunto a Trump, esperando que haya algún tipo de reacción negativa por reducir los asesinatos. La siguiente gran intervención podría ser en Chicago, tercera ciudad más poblada del país, y una de las más violentas.
Y no parece tampoco que los vecinos de Washington D.C. estén en contra de la intervención federal, Martin Mancia, quien ha vivido en Columbia Heights durante 32 años, dijo que apoya la toma de control y que ha visto a las autoridades federales interactuar cordialmente con los residentes mientras recorren el vecindario: “El gobierno tiene que aplicar la ley. Estamos hablando de armas ilegales, drogas, etc. No veo ningún problema”, ha indicado.










