El pasado 31 de enero, Hispanidad recogió que el tirano nicaragüense Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo habían apuntalado todavía más su dictadura mediante reformas constitucionales, supuestamente democráticas. 

Una de esas reformas constitucionales -aprobadas por el Parlamento (Asamblea Nacional), controlado por el régimen por medio del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- consistía en crear una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad. 

El pasado 27 de febrero, los dictadores Ortega y Murillo tomaron juramento a nada menos que 30.000 civiles encapuchados en la Plaza de la Fe de la capital, Managua: 

Es decir, que Ortega ha creado una 'policía del régimen', integrada por civiles, al más puro estilo de los milicianos españoles del 36 o del régimen chavista venezolano, para ayudarle en sus tareas represoras, por ejemplo, a cualquiera que ose hacerle oposición.

Y es que el sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018, que dejaron 320 muertos según la ONU. Y una de las instituciones que persigue con más saña es la Iglesia católica, pues esta fue una de las que más alzó la voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él.

Hace unos días, hasta la ONU, por medio de su Grupo de Expertos en Derechos Humanos, denunciaba que la dictadura nicaragüense ha cometido crímenes crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. Además, Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional que ayude a la sociedad civil nicaragüense y que se implique contra la tiranía de Ortega, recomendando incluso iniciar acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Y todo esto provocó que los dictadores Ortega y Murillo retiraran a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.