Pedro Sánchez está asaltando el poder judicial (el TC y el CGPJ) y retorciendo el código penal para contentar a sus socios independentistas, vascos de PNV y Bildu por un lado, y catalanes de ERC por otro, para conseguir sus votos para aprobar los presupuestos y poder quedarse en el poder todo lo que pueda.

Hasta el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reconoció que su partido utilizó el voto al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2023 como «palanca de fuerza» para obligar al Gobierno de coalición a eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés independentista catalán. Esa proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos ya ha superado dos votaciones en el Pleno del Congreso, una de ellas a la una de la madrugada, el día del partido del Mundial de fútbol España-Japón, muy al estilo 'sanchista', con nocturnidad y casi a escondidas.

Lo que está haciendo Pedro Sánchez en España es demoler el estado de derecho y degenerar las instituciones democráticas poco a poco, una especie de 'golpe' de Estado. Pareciéndose cada vez más a un dictadura, eso sí, guardando las formas…

Y todo ello sin ninguna vergüenza y habiendo prometido lo contrario a lo que ahora está haciendo, es decir, mintiendo una vez más a los españoles.

Por ejemplo, Pedro Sánchez no estaba de acuerdo con que los partidos políticos eligieran al órgano de gobierno de los jueces e iba a renunciar a ello, como dijo aquí:

Sin embargo, Pedro Sánchez está asaltando el poder judicial, es decir, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Porque el PSOE y Unidas Podemos presentarán el viernes 9 dos enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso de tal forma que se elimine la actual mayoría de tres quintos que debe concitar el Parlamento para la elección de los vocales de un nuevo CGPJ y bastará con una mayoría simple frente a la cualificada prevista en el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna. Una modificación normativa que ya paró Europa, en su momento, y por la que Polonia fue sancionada por la UE con una multa de más de un millón de euros, recuerda El Debate.

Con estas enmiendas, el Ejecutivo asegura el desbloqueo de sus designados para el TC: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez.