Esta mañana se ha reanudado el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, acusado de filtrar información privada -información fiscal confidencial- de un ciudadano, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por interés político. 

En la jornada de hoy, el primero que ha declarado como testigo ha sido Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) --institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio--, quien ha subrayado la gravedad de los hechos y ha reiterado que actuó "solo sobre la nota de prensa de la Fiscalía", que es "muy diferente a la divulgación de la noticia en un medio de comunicación". "Es institución, no medio de comunicación".

Se trata de algo "de inusitada gravedad para el derecho de defensa". "No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos". "La preocupación era honda. Nunca habíamos vivido una situación como esta. En ese momento desconocíamos quién era el autor de la nota y por ello se presentó en origen ante el TSJ de Madrid".

"A lo largo de la tarde recibo un mensaje de García Ortiz pidiéndome reunirnos al día siguiente en la sede de la Fiscalía General del Estado. Le transmito la alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la preocupación que existía en el seno de la Abogacía por el contexto que se estaba desarrollando. Quedamos en hablar en la mañana del día 15. Acudo. Estaba el fiscal general, Pilar Rodríguez, Villafañe (Fiscalía técnica) y otras dos personas que no recuerdo, pero que se identificaron como personas de la Fiscalía. Telemáticamente, está Victoria Ortega", señala Ribón. 

Reunido con el fiscal general el 15 de marzo, tras la publicación de la nota aclaratoria de la Fiscalía, "en un momento dado, el fiscal general plantea la emisión de un comunicado conjunto para manifestar que existe un clima de comunicación cordial entre la Fiscalía General del Estado y el Colegio de la Abogacía de Madrid. Ante esta propuesta le respondo que no era la pretensión, que el tema trascendía por su extraordinaria gravedad y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades. Cuando manifiesto que no estoy conforme con esta propuesta final, la conversación se precipita rápidamente y se da por terminada en apenas minutos o pocos segundos".

"El Colegio únicamente actúa sobre una nota de la Fiscalía, que es muy distinto de otras comunicaciones o hechos noticiables que se divulgan en medios. No tienen nada que ver con lo que se publica desde la Fiscalía, una institución. El ICAM actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, porque es cuando el Colegio entiende que el abogado pierde su libertad. Actuamos en consonancia con los fines estatutarios del Colegio". "El ICAM no está defendiendo a un compañero particular (en alusión a Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso) defiende un principio universal para el desarrollo de ejercicio de defensa", añade Ribón. 

"Nosotros ponemos en conocimiento de un órgano instructor la posible comisión de un hecho delictivo, a partir de ahí llegaremos a donde se requiera. De hecho, adonde estamos sentados en este momento", ha explicado Ribón. 

Tras la declaración de Ribón, ha llegado la de María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección, quien ha negado haber cambiado de teléfono: "Yo no he cambiado nunca de teléfono móvil. Yo tenía un viaje privado y como tengo un número con dos tarjetas, lo que hice fue cambiar una de las tarjetas asociadas a Whatsapp. Cuando salgo al extranjero cambio el número asociado a Whatsapp por aquel que me garantiza tener datos en el extranjero. Cuando hago esto, los contactos con los que tengo alguna conversación reciben una notificación de que he cambiado de número, pero no he cambiado de móvil, sino del número asociado a Whatsapp". "No puedo iniciar ninguna investigación (interna) cuando un procedimiento judicial está en curso. No hubo tiempo de hacer nada. Cuando empezábamos a instruir ya se estaba abriendo la investigación penal". 

Por su parte, Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, ha señalado que "no todos los incidentes de seguridad son violaciones de seguridad". Opina que "supervisar el incumplimiento de una violación de seguridad requiere que el interesado se dirija a la Fiscalía". "En mi opinión, esa nota no incurre en violación de seguridad". "El delegado de protección de datos tiene como fin fomentar una cultura de protección de datos". Y añade:  "No me notificaron el borrado del Gmail de García Ortiz ni del cambio de móvil". "No me informaron, pero no tenían por qué informarme".

La abogada del Estado le ha preguntado: "¿Le informan todos los fiscales de España cuando borran su correo o cambian de móvil?". Respuesta de Hidalgo: "Obviamente, no". 

Por su parte, el periodista de la cadena SER Miguel Ángel Campos, ha dicho que accedió al correo antes que García Ortiz y ha explicado lo sucedido el día 13 de marzo, cuando trataron de confirmar la presentación por parte de la Fiscalía de una denuncia contra el empresario Alberto González Amador, hasta que logra hablar con una persona que se lo conforma, aunque no ha revelado su nombre, acogiéndose al secreto profesional: "Es gente con un conocimiento directo con la información y garantiza el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. Hay muchas informaciones que si no fueran gracias al anonimato de estas fuentes no saldrían a la luz". Esa persona le instó a ir a su despacho para enseñarle en el ordenador el correo: "Ven y te muestro el correo del abogado de Amador". Pero "el fiscal general del Estado no es mi fuente".

Cabe recordar que, este domingo, el presidente del Gobierno defendió en una entrevista la inocencia del Fiscal General del Estado, algo que no gustó nada a la asociación mayoritaria de fiscales, lamentando que Pedro Sánchez quiera "presionar y deslegitimar a los tribunales". 

La postura de Sánchez ha sido totalmente diferente a la de la ministra de Defensa, Margarita Robles (que es jueza) y que dijo: "Como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen, y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo confío plenamente en la resolución que dicte la sala segunda del Tribunal Supremo".