El Consejo Fiscal -formado por doce fiscale-- otorgó el miércoles por unanimidad el amparo a "todos los integrantes del Ministerio Fiscal que actuaron o actúan en todos los procedimientos derivados del procés independentista de Cataluña", informa el propio Consejo Fiscal en nota de prensa. 

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece en su artículo 118.q que los fiscales pueden acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se consideren inquietados o perturbados en el ejercicio de sus funciones.

Tras la aprobación de concesión del amparo, y en relación a este tema, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo la siguiente declaración institucional: "El Fiscal General del Estado, como viene reiterando en sucesivas comparecencias institucionales, manifiesta de manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña".

Sin embargo, algunos vocales han planteado a García Ortiz un pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía. Pero en este punto, el Fiscal General del Estado ha argumentado que un pronunciamiento u opinión del Consejo Fiscal "excedería las competencias que este órgano tiene legalmente atribuidas y supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma", explica la nota de prensa.

Es decir, que el fiscal general no quiso mojarse sobre la ley de amnistía que tramita Pedro Sánchez para amnistiar a los políticos delincuentes del '1-O'. 

El fiscal general no quiso mojarse sobre la ley de amnistía que tramita Pedro Sánchez para amnistiar a los políticos delincuentes del '1-O'

Posteriormente, la Asociación de Fiscales (AF) emitió un comunicado en que mostraba su desacuerdo con la postura de García Ortiz: "Como ya recogimos en la petición, la fórmula de tramitación elegida por los impulsores  de  esta  proposición  de Ley  Orgánica precisamente  eso  lo  que busca: que  la  misma  no quede expuesta al  preceptivo informe del  Consejo Fiscal (además de a los informes del CGPJ y del Consejo de Estado) pese a la flagrante quiebra de la separación de poderes que subyace en ella al relegar el Poder  Judicial,  en  que  el  Ministerio  Fiscal  se  encuentra  integrado  con autonomía funcional, impidiendo que cumpla sus funciones constitucionales por la necesidad del ejecutivo y la conveniencia de los principales beneficiados por la amnistía. Solo podemos, por tanto, lamentar la decisión del Fiscal General del Estado de rechazar abordar el estudio de la proposición para realizar desde el Consejo Fiscal una declaración institucional al respecto". 

Recordemos que el pasado 21 de noviembre, el  Tribunal Supremo apreció "desviación de poder" en la propuesta del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz para promover a Dolores Delgado como fiscal de Sala. El Supremo lo argumentó así: "La sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. Ello se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito".

Poco después, el 30 de noviembre, el mismísimo Pleno del Consejo General del Poder Judicial declaró "no idóneo" a García Ortiz para el cargo de fiscal general del Estado, nombrado fiscal por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto. Era la primera vez que esto ocurría en España. 

En este contexto, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido esta mañana -jueves 21- ante la Comisión de Justicia del Congreso, la cual ha examinado, precisamente, su idoneidad para el cargo. 

Durante su comparecencia, García Ortiz ha destacado que “legalidad e imparcialidad son y deben seguir siendo los pilares de una fiscalía democrática y respetuosa con el Estado de Derecho”. 

“La Constitución de 1978 apostó por atribuir al poder ejecutivo el nombramiento del Fiscal general del Estado. Este nombramiento gubernamental, en el que también intervienen los otros poderes del Estado, no empaña su imparcialidad, su recto desempeño bajo el único mandato de la legalidad”. 

“La sociedad española debe conocer que la designación gubernamental del fiscal general del Estado es el sistema usual en la mayor parte de países que integran la UE. El nombramiento por el Gobierno (…) se justifica en la voluntad de la Carta Magna”. 

“Hago hincapié en los principios de imparcialidad y de legalidad, de sometimiento al ordenamiento jurídico, a la ley y al derecho. Objetividad, equidad y ecuanimidad. Estas son nuestras reglas de juego, los principios informadores de la actuación de cualquier fiscal y por supuesto de este fiscal general del Estado que hoy se presenta ante ustedes como candidato a ser renovado en el cargo”. 

“Reivindico ante ustedes la neutralidad y objetividad de la figura del Fiscal General del Estado”, ha añadido también García Ortiz.