Recordemos los antecedentes: el Tribunal Supremo ratificó recientemente la condena a seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la inhabilitación durante 15 años para el también expresidente Manuel Chaves -ambos del PSOE- por el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía,  en el que se llegaron a defraudar nada menos que 680 millones de euros.

Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009, y también ha recibido una condena a inhabilitación absoluta durante 15 años. Por su parte, Chaves, histórico del PSOE, fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo.

Pues ahora resulta que otro socialista, expresidente del Gobierno, Felipe González, ha defendido a capa y espada a Griñán, del que ha llegado a decir: “El conocimiento de la persona me lleva a considerar imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación y, por tanto, injusto condenado a pena de prisión por ello”.

Lo que llama la atención es que todo un expresidente del Gobierno ponga en solfa y cuestione la sentencia del Tribunal Supremo de este país. ¿Dice González que es “imposible” que haya cometido un delito de malversación? Pero si los tribunales lo han demostrado… ¿Es que toma por tontos a los españoles?

Lo que llama la atención es que todo un expresidente del Gobierno ponga en solfa y cuestione la sentencia del Tribunal Supremo de este país

A Felipe González le vendría bien también leer el artículo del jurista Diego Fierro Rodríguez publica un artículo en la revista Economist & Jurist, que recogimos ayer en Hispanidad: ”Muchos dirigentes políticos del PSOE han defendido a José Antonio Griñán criticando la condena impuesta a él por la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla porque entienden que la misma carece de sentido al no haberse producido un enriquecimiento ilícito de José Antonio Griñán. Sin embargo, ese factor no tiene relevancia penal por la interpretación que se ha hecho del artículo 432 del Código Penal, tanto en la redacción original de 1995 como en la redacción derivada de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015”. "El hecho de que José Antonio Griñán no se quedara con un solo céntimo de euro resulta absolutamente irrelevante a nivel penal y carece de efectos excluyentes de la responsabilidad criminal por el delito de la malversación de caudales públicos que tenía a su cargo”. "Es muy preocupante que se defienda con tanto empeño a una persona que ha cometido un delito de corrupción por desviar fondos públicos a fines diferentes de los propiamente marcados por el ordenamiento jurídico mientras ocupaba un cargo público, resultando palpable que todo ello se debe a las intenciones de deslegitimar la sentencia y justificar de manera contundente un recurso de amparo de muy dudosa viabilidad”.

Y, a todo esto, según informa hoy ABC, el PSOE obtuvo un beneficio de 27 millones en plena crisis del Covid. La cuenta de resultados de los socialistas en 2020 y 2021 fue un 432% mayor que la del PP. El partido de Sánchez rentabiliza las elecciones de 2019: se ha embolsado en dos años 93 millones por subvenciones.

Hasta el momento, solo se han devuelto 21 millones de euros de los 679 millones 'desaparecidos' por el caso ERE.

Pues, ¿a qué espera el PSOE para devolver con esos beneficios lo malversado -robado- en Andalucía? Y, en cualquier caso, ¿qué hace un partido político obteniendo beneficios, como si fuera una empresa?