Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
En este contexto, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al juez Peinado y ha avalado su decisión de pedir los correos electrónicos considerados relevantes para la investigación, como los que intercambió con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, informa Confilegal.
Así, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de la defensa, en contra de la utilización de esos correos, que fueron requeridos por Peinado el pasado mes de septiembre: “Todos los correos de que disponga en los que resulte remitente o destinataria la investigada Álvarez”.
En este mismo caso, Peinado ha llegado a pedir a los agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial ayuda para obtener los pasaportes de Gómez y Álvarez, que habrían sido requeridos por el juez desde hace dos meses para cotejar su información --para comprobar si habían coincidido en viajes al extranjero-- y que éstas se han negado a aportar, informa OK Diario.
Cabe recordar que no es la primera vez que el juez Peinado recibe el aval de la Audiencia Provincial de Madrid en sus investigaciones sobre el caso Begoña Gómez.
2.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que la semana pasada fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En relación a este caso, The Objective informa hoy de que la UCO de la Guardia Civil ha descubierto que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, borró su teléfono deliberadamente antes de ser detenido en el contexto de la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
3.- Caso PSOE: el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedo Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos.
En relación a este caso, El Español publica hoy que el PSOE pagaba en metálico -o sea, en B- a trabajadores en las campañas electorales de 2019 (elecciones generales y los comicios municipales y autonómicos de ese año) y tampoco les dio de alta en la Seguridad Social. Concretamente, Koldo les entregaba billetes de 500, unos pagos en metálico que fueron autorizados por el entonces gerente Mariano Moreno, hoy presidente de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa).
