Sr. Director: Como se quejan tanto nuestros políticos del pasotismo ciudadano, les propongo una modesta norma a incluir tras las próximas Elecciones, en esas que dicen tan necesarias futuras reformas de la Constitución y Estatutos de Autonomía. El texto muy breve sería éste: «Todos los políticos profesionales que, bien por elección popular o bien por nombramiento directo o indirecto de los partidos políticos, ocupen cargos retribuidos de la Administración en cualquiera de sus niveles, quedarán obligados a escolarizar a sus hijos exclusivamente en centros de titularidad pública. Asimismo quedarán obligados a recibir todos sus servicios médicos en centros sanitarios públicos, tanto si fuere atención de carácter personal como la de su cónyuge, pareja, parejo y demás criaturas que vivan bajo su amparo, sin que pueda caber trato de favor alguno, en absoluta igualdad con cualquier otro hijo de vecino, y especialmente con aquellos que carecen de recursos económicos para contratar un servicio sanitario privado. El más leve incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores producirá la pérdida automática del cargo, empleo y sueldo del político infractor, y su imposibilidad de cualquier actividad retribuida a cargo del erario público». Como es seguro que la entrada en vigor de esta sencilla ley produciría automáticamente una sensible mejora de los centros escolares y sanitarios públicos, no cabe duda de que los partidos andarán ansiosos por incorporarla a sus programas electorales. De nada. Miguel Ángel Loma Pérez